DISCURSO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

Excelentísimo
señor Presidente de la República,
señorita presidenta del Consejo de Ministros,
señores ministros de Estado,
señores congresistas,
señor Defensor del Pueblo,
señores altos funcionarios del Estado,
señor jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas,
señores comandantes generales de los institutos de las fuerzas
armadas y Policía Nacional,
señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el
Perú,
señoras y señores representantes de organizaciones de víctimas,
damas y caballeros:

La historia
del Perú registra más de un trance difícil, penoso,
de auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno
de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza
y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a contar
en las páginas del informe que hoy entregamos a la Nación.
Las dos décadas finales del siglo XX son — es forzoso decirlo
sin rodeos — una marca de horror y de deshonra para el Estado y la
sociedad peruanos.

La exclusión
absoluta

Hace dos
años, cuando se constituyó la Comisión de la Verdad
y Reconciliación, se nos encomendó una tarea vasta y difícil:
investigar y hacer pública la verdad sobre las dos décadas
de origen político que se iniciaron en el Perú en 1980.
Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato que,
aunque es abrumador, resulta al mismo tiempo insuficiente para entender
la magnitud de la tragedia vivida en nuestro país: la Comisión
ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales
en esos veinte años supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos
o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de
agentes del Estado.

No ha sido
fácil ni mucho menos grato llegar a esa cifra cuya sola enunciación
parece absurda. Y sin embargo, ella es una de las verdades con las que
el Perú de hoy tiene que aprender a vivir si es que verdaderamente
desea llegar a ser aquello que se propuso cuando nació como República:
un país de seres humanos iguales en dignidad, en el que la muerte
de cada ciudadano cuenta como una desventura propia, y en el que cada
pérdida humana – si es resultado de un atropello, un crimen,
un abuso – pone en movimiento las ruedas de la justicia para compensar
por el bien perdido y para sancionar al responsable.

Nada, o casi
nada, de eso ocurrió en las décadas de violencia que se
nos pidió investigar. Ni justicia, ni resarcimiento ni sanción.
Peor aún: tampoco ha existido, siquiera, la memoria de lo ocurrido,
lo que nos conduce a creer que vivimos, todavía, en un país
en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que
desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad
integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello.

En efecto,
los peruanos solíamos decir, en nuestra peores previsiones, que
la violencia había dejado 35 mil vidas perdidas. ¿Qué
cabe decir de nuestra comunidad política, ahora que sabemos que
faltaban 35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara
de menos?

Un doble
escándalo

Se nos pidió
averiguar la verdad sobre la violencia, señor Presidente, y asumimos
esa tarea con seriedad y rigor, sin estridencias, pero, al mismo tiempo,
decididos a no escamotear a nuestros compatriotas ni una pizca de la historia
que tiene derecho a conocer. Así, nos ha tocado rescatar y apilar
uno sobre otro, año por año, los nombres de decenas de miles
de peruanos que estuvieron, que deberían estar y que ya no están.
Y la lista, que entregamos hoy a la Nación, es demasiado grande
como para que en el Perú se siga hablando de errores o excesos
de parte de quienes intervinieron directamente en esos crímenes.
Y la verdad que hemos encontrado es, también, demasiado estridente
y rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera pueda
alegar ignorancia en su descargo.

El informe
que hoy presentamos expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato,
la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la
ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe
humanitaria y no lo hicieron.

Hemos afirmado
que el dato numérico es abrumador, pero insuficiente. Es cierto.
Poco explica ese número o cualquier otro sobre las asimetrías,
las responsabilidades y los métodos del horror vivido por la población
peruana. Y poco nos ilustra, también, sobre la experiencia del
sufrimiento que se abatió sobre las víctimas para no abandonarlas
más. En este informe cumplimos con el deber que se nos impuso y
con la obligación que contrajimos voluntariamente: exponer públicamente
la tragedia como una obra de seres humanos padecida por seres humanos.

Hemos encontrado
al cabo de nuestras investigaciones que de cada cuatro víctimas,
tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua.
Se trata, como sabemos los peruanos, de un sector de la población
históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana,
aquélla que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad
política.

La Comisión
no ha encontrado bases para afirmar, como alguna vez se ha hecho, que
éste fue un conflicto étnico. Pero sí tiene fundamento
para aseverar que estas dos décadas de destrucción y muerte
no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población
más desposeída del país, evidenciado por miembros
del PCP-Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual, ese desprecio
que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana de los
peruanos.

Diecisiete
mil testimonios aportados voluntariamente a la Comisión nos han
permitido reconstruir, siquiera en esbozo, la historia de esas víctimas.
Los peruanos han sido testigo de ello en las audiencias públicas
que organizamos en distintas localidades del país. Los peruanos
han sentido, de seguro, el agobio en encontrar en los testimonios, una
y otra vez, el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes,
como un abominable estribillo que precede a la golpiza, la violación
sexual, el secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte
de algún agente de las fuerzas armadas o la policía. Nosotros,
en el curso de nuestras diligencias, nos hemos sentido indignados, por
otra parte, de oír de los dirigentes de las organizaciones subversivas
explicaciones estratégicas sobre por qué era oportuno, en
cierto recodo de la guerra, reducir por el terror cuando no aniquilar
a ésta o aquélla comunidad campesina.

Mucho se
ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica
persistentes en la sociedad peruana. Poco han hecho las autoridades del
Estado o los ciudadanos corrientes para combatir ese estigma de nuestra
comunidad. Este informe muestra al país y al mundo que es imposible
convivir con el desprecio, que éste es una enfermedad que acarrea
daños muy tangibles. Desde hoy, el nombre de miles de muertos y
desaparecidos estará aquí, en estas páginas, para
recordárnoslo.

Responsables

Nuestro informe
expone a todo el país la historia de miles de violaciones de los
derechos humanos cometidos en las dos últimas décadas, crímenes
de lesa humanidad practicados contra la sociedad y el Estado peruanos
por las organizaciones subversivas o desde el Estado peruano por miembros
de las fuerzas de seguridad.

Es cierto
que esos crímenes, abusos y atropellos no se dieron en el vacío,
sino en una sociedad desde antiguo mal habituada a la violencia contra
los más débiles. Sin embargo – queremos afirmarlo con
rotundidad – nadie se debe escudar en los defectos de nuestra sociedad
ni en los rigores de nuestra historia para evadir sus responsabilidades.

Es verdad
— y esa es una lección mayor de este informe — que existe
una culpa general, la culpa de la omisión, que involucra a todos
los que dejamos hacer sin preguntar en los años de la violencia.
Somos los primeros en señalarlo así. Pero al mismo tiempo
advertimos que existen responsabilidades concretas que afrontar y que
el Perú — como toda sociedad que haya vivido una experiencia
como ésta — no puede permitir la impunidad. La impunidad es
incompatible con la dignidad de toda nación democrática.

La Comisión
ha encontrado numerosos responsables de crímenes y violaciones
de los derechos humanos e – informamos de ello a la Nación
– así lo estamos haciendo saber a las autoridades pertinentes,
respetando siempre los requisitos y restricciones que señala la
ley peruana para imputar un delito. La Comisión exige, y alienta
a la sociedad peruana a exigir, que la justicia penal actúe de
inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y
sin vacilaciones.

Sin embargo,
este informe va, en realidad, más allá del señalamiento
de responsabilidades particulares. Hemos encontrado que los crímenes
cometidos contra la población peruana no fueron, por desgracia,
atropellos de ciertos sujetos perversos que se apartaban, así,
de las normas de sus organizaciones. Nuestras investigaciones de campo,
sumadas a los testimonios ya mencionados y un meticuloso análisis
documental, nos obligan a denunciar en términos categóricos
la perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos
por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente
en el conflicto.

Mostramos
en estas páginas de qué manera la aniquilación de
colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo previsto en
la estrategia del PCP-Sendero Luminoso. Junto con ello, el cautiverio
de poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el asesinato
como forma de impartir ejemplos e infundir temor conformaron una metodología
del horror puesta en práctica al servicio de un objetivo —
el poder — considerado superior al ser humano.

El triunfo
de la razón estratégica, la voluntad de destrucción
por encima de todo derecho elemental de las personas, fue la sentencia
de muerte para miles de ciudadanos del Perú. Esta voluntad la hemos
encontrado enraizada en la doctrina del PCP-Sendero Luminoso, indistinguible
de la naturaleza misma de la organización en esos veinte años.
Nos hemos topado con aquella razón estratégica en las declaraciones
de los representantes de la organización, que transparentan una
disposición manifiesta a administrar la muerte y aun la crueldad
más extrema como herramientas para la consecución de sus
objetivos. Por su carácter inherentemente criminal y totalitario,
despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso es una
organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación
democrática y civilizada como la que deseamos construir los peruanos.

El Estado

Frente a
un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes
defender a la población — su fin supremo — con las armas
de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los
pueblos democráticos no es el de los campos de concentración,
sino aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos.

No lo entendieron
así los encargados de defender ese orden. En el curso de nuestras
investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho internacional
que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos llegado a la convicción
de que, en ciertos periodos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron
en una práctica sistemática o generalizada de violaciones
de derechos humanos y que existen fundamentos para señalar la comisión
de delitos de lesa humanidad, así como infracciones al derecho
internacional humanitario.

Como peruanos,
nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la verdad y tenemos
la obligación de hacerla conocer. Durante años, las fuerzas
del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona
y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los
peruanos, incluyendo el derecho a la vida. Ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres
y otros delitos igualmente condenables conforman, por su carácter
recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violaciones
de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer
para subsanar.

Tanta muerte
y tanto sufrimiento no se pueden acumular simplemente por el funcionamiento
ciego de una institución o de una organización. Se necesita,
como complemento, la complicidad o al menos la anuencia de quienes tienen
autoridad y por lo tanto facultades para evitar una desgracia. La clase
política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial
en aquellos años tiene grandes explicaciones que dar al Perú.
Hemos reconstruido esta historia y hemos llegado al convencimiento de
que ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la indeferencia, la
pasividad o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon los más
altos cargos públicos. Este informe señala, pues, las responsabilidades
de esa clase política que, debemos recordarlo, no ha realizado
todavía una debida asunción de sus culpas en la desgracia
de los compatriotas a los que quisieron, y tal vez quieran todavía,
gobernar.

Es
penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto de los ciudadanos del Perú
para tener el honor de dirigir nuestro Estado y nuestra democracia; quienes
juraron hacer cumplir la Constitución que los peruanos se habían
dado a sí mismos en ejercicio de su libertad, optaron con demasiada
facilidad por ceder a las fuerzas armadas esas facultades que la Nación
les había dado. Quedaron, de este modo, bajo tutela las instituciones
de la recién ganada democracia; se alimentó la impresión
de que los principios constitucionales eran ideales nobles pero inadecuados
para gobernar a un pueblo al que –en el fondo– se menospreciaba
al punto de ignorar su clamor, reiterando la vieja práctica de
relegar sus memoriales al lugar al que se ha relegado, a lo largo de nuestra
historia, la voz de los humildes: el olvido.

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* * * *

En un país
como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia.
Estamos convencidos de que el rescate de la verdad sobre el pasado –
incluso de una verdad tan dura, tan difícil de sobrellevar como
la que nos fue encomendado buscar – es una forma de acercarnos más
a ese ideal de democracia que los peruanos proclamamos con tanta vehemencia
y practicamos con tanta inconstancia.

En el momento
en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue instituida,
el Perú asistía, una vez más, a un intento entusiasta
de recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para que ese entusiasmo
tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable recordar que la democracia
no se había perdido por sí sola. La democracia fue abandonada
poco a poco por quienes no supimos defenderla. Una democracia que no se
ejerce con cotidiana terquedad pierde la lealtad de sus ciudadanos y cae
sin lágrimas. En el vacío moral del que medran las dictaduras
las buenas razones se pierden y los conceptos se invierten, privando al
ciudadano de toda orientación ética: la emergencia excepcional
se vuelve normalidad permanente; el abuso masivo se convierte en exceso;
la inocencia acarrea la cárcel; la muerte – finalmente –
se confunde con la paz.

El Perú
está en camino, una vez más, de construir una democracia.
Lo está por mérito de quienes se atrevieron a no creer en
la verdad oficial de un régimen dictatorial; de quienes llamaron
a la dictadura, dictadura; a la corrupción, corrupción;
al crimen, crimen. Esos actos de firmeza moral, en las voces de millones
de ciudadanos de a pie, nos demuestran la eficacia de la verdad. Similar
esfuerzo debemos hacer ahora. Si la verdad sirvió para desnudar
el carácter efímero de una autocracia, está llamada
ahora a demostrar su poderío, purificando nuestra República.

Esa purificación
es el paso indispensable para llegar a una sociedad reconciliada consigo
misma, con la verdad, con los derechos de todos y cada uno de sus integrantes.
Una sociedad reconciliada con sus posibilidades.

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Señor
Presidente:

El informe
que presentamos a usted, y por intermedio suyo a toda la Nación,
contiene un serio y responsable esfuerzo de reflexión colectiva
sobre la violencia que vivió el Perú a partir de mayo de
1980. Se ha elaborado sobre la base de 16,986 testimonios recogidos en
todo el territorio nacional de la boca de miles de peruanos, hombres y
mujeres en su mayoría humildes que nos abrieron sus puertas y sus
corazones, que consintieron en recordar – para instrucción
de sus compatriotas – una verdad que cualquier persona quisiera olvidar,
que tuvieron la valentía de señalar a responsables de graves
crímenes y la entereza de compartir su dolor y, también,
su terca esperanza de ser, algún día, reconocidos como peruanos
por sus propios compatriotas.

Las voces
de peruanos anónimos, ignorados, despreciados, que se encuentran
recogidas en estos miles de páginas, deben ser – son –
más altas y más limpias que todas aquellas voces que, desde
la comodidad del poder y del privilegio, se han apresurado a levantarse
en las últimas semanas para negar de antemano, como tantas veces
ha ocurrido en nuestro país, toda credibilidad a sus testimonios
y para cerrar el paso a toda corriente de solidaridad con los humildes.

Creemos,
Señor Presidente, que ya no será posible acallar los testimonios
aquí recogidos y puestos a disposición de la Nación
entera. Nadie tiene derecho a ignorarlos y, menos que nadie, la clase
política, aquellos ciudadanos que tienen la aspiración –
legítima, aunque no siempre entendida con rectitud – de ser
gobernantes y por tanto de ser servidores de sus compatriotas, según
mandan los principios de la democracia. Mal harían los hombres
y mujeres políticos, mal haríamos todos, en fingir que esta
verdad, que estas voces, no existen, y en encogernos de hombros ante los
mandatos que surgen de ella: hacer justicia en el doble sentido de dar
reparaciones por los daños sufridos y de imponer castigos justos,
no venganzas, a los culpables, y llevar a cabo las transformaciones de
nuestro Estado y sociedad que impidan que una desgracia como la que vivimos
se pueda repetir.

Asumir las
obligaciones morales que emanan de esta informe – la obligación
de hacer justicia y de hacer prevalecer la verdad, la obligación
de cerrar las brechas sociales que fueron el telón de fondo de
la desgracia vivida – es tarea de un estadista, es decir, de un hombre
o una mujer empeñado en gobernar para mejorar el futuro de sus
conciudadanos.

Al hacer
a usted, señor Presidente, depositario de este informe, confiamos
en dejarlo en buenas manos. No hacemos, en todo caso, otra cosa que devolver
al Estado, que usted representa, ya debidamente cumplido el honroso encargo
que se nos confió: el informe final de nuestras investigaciones,
en el que se recoge la verdad y solamente la verdad que hemos sido capaces
de averiguar para conocimiento y reflexión de nuestros conciudadanos.

Señor
Presidente,
compatriotas,
amigos:

Empecé
afirmando que en este informe se habla de vergüenza y de deshonra.
Debo añadir, sin embargo, que en su páginas se recoge también
el testimonio de numerosos actos de coraje, gestos de desprendimiento,
signos de dignidad intacta que nos demuestran que el ser humano es esencialmente
magnánimo. Ahí se encuentran quienes no renunciaron a la
autoridad y la responsabilidad que sus vecinos les confiaron; ahí
se encuentran quienes desafiaron el abandono para defender a sus familias
convirtiendo en arma sus herramientas de trabajo; ahí se encuentran
quienes pusieron su suerte al lado de los que sufrían prisión
injusta; ahí se encuentran los que asumieron su deber de defender
al país sin traicionar la ley; ahí se encuentran quienes
enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se encuentran:
en el centro de nuestro recuerdo.

Presentamos
este informe en homenaje de todos ellos y de todas ellas. Lo presentamos,
además, como un mandato de los ausentes y de los olvidados a toda
la Nación. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros,
de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla
de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.

Salomón
Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación