Human Rights
Watch
La
Comisión de la Verdad se encuentra bajo presión
(Nueva York, 12 de agosto de 2003) La Comisión de la Verdad
y Reconciliación del Perú necesita el apoyo de todos los
sectores políticos del país, dijo hoy Human Rights Watch.Recientemente,
la comisión ha sido blanco de agresivos ataques por sus oponentes
políticos al acercarse la divulgación pública de
sus hallazgos.
Como respuesta a los ataques, el presidente Toledo debe declarar su firme
apoyo al trabajo de la comisión y reafirmar el compromiso de publicar
sus hallazgos en su totalidad.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de
las Américas de Human Rights Watch
“La Comisión de la Verdad le ofrecerá por primera vez
a los peruanos un recuento de gran alcance y objetividad sobre la terrible
violencia que oprimió al país por casi dos décadas”,
señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de
la División de las Américas de Human Rights Watch. “Sin
duda, hay muchos que preferirían ocultar o impedir la publicación
de dichos hallazgos.”
Un fiscal
de Lima ha abierto una investigación para decidir si se puede acusar
a los doce miembros de la comisión de “apología del
terrorismo”, un serio crimen en el Perú. Un legislador simpatizante
del ex-presidente Alberto Fujimori presentó la querella porque
se oponía a un vídeo que se exhibió en junio durante
una audiencia pública que celebró la comisión.
En el vídeo,
que fue transmitido por varios canales de televisión, cuatro ex-miembos
del Sendero Luminoso, el grupo insurgente maoísta responsable de
miles de muertes de civiles durante la década de los 80, y del
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), un grupo de oposición
armada más pequeño, expresaron arrepentimiento por sus actos.
Human Rights
Watch ha criticado el crimen de “favorecer el terrorismo” por
ser tan vago y amplio que permite el encarcelamiento de personas sólo
por ejercer el derecho a la libre expresión. En enero de 2003,
el Tribunal Constitucional declaró que varias estipulaciones de
las leyes antiterroristas del Perú eran inconstitucionales, incluyendo
ésta. Sin embargo, la regla aún no ha sido revocada formalmente.
Como presión
adicional a la comisión, los legisladores de la oposición
han solicitado que se investigue a dicho organismo, que los hallazgos
se mantengan en secreto y hasta que se disuelva la misma.
La Comisión
de la Verdad y Reconciliación fue creada por el ex-presidente Valentín
Paniagua en junio de 2001. Su mandato es el de proveer un expediente oficial
sobre las violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria
internacional cometidas en Perú entre mayo de 1980 y noviembre
de 2000, y recomendar medidas para fortalecer los derechos humanos y la
democracia. Está programada para presentar un informe final de
sus hallazgos el 28 de agosto.
La comisión
ha celebrado numerosas audiencias públicas, ha recolectado sobre
17,000 testimonios y ha desarrollado un registro centralizado de las personas
“desaparecidas”. Lejos de demostrar favoritismo hacia los grupos
armados de oposición, se espera que el informe establezca que los
estimados previos de abusos cometidos por el Sendero Luminoso son muy
bajos.
También
documentará graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, cometidas por las
fuerzas oficiales de seguridad durante tres gobiernos consecutivos: los
de los presidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto
Fujimori.
En una carta
con fecha del 23 de julio dirigida al presidente Alejandro Toledo y firmada
en unión a doce otras organizaciones pro derechos humanos de los
EE.UU., Human Rights Watch expresó una “profunda admiración”
por el trabajo de la comisión. Instó al presidente Toledo
a presentar legislación para crear un grupo de seguimiento que
asegure la rápida implementación de las recomendaciones
de la comisión.
“Como
respuesta a los ataques, el presidente Toledo debe declarar su firme apoyo
al trabajo de la comisión y reafirmar el compromiso de publicar
sus hallazgos en su totalidad”, dijo Vivanco.