Declaración de la ANC y CNDDHH sobre asedio y hostilización a ONGs
Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONG) somos una expresión democrática de la sociedad civil donde confluyen múltiples iniciativas y esfuerzos, fruto de la libre iniciativa ciudadana, sin fines de lucro, que contribuyen a satisfacer necesidades y aspiraciones sociales desatendidas. Gracias a su dinamismo y flexibilidad, las ONG nos hemos convertido en un elemento presente en todos los ámbitos de la vida social, hemos abierto perspectivas y explorado nuevos ámbitos de desarrollo humano, y hemos propuesto nuevos enfoques y mejores políticas sociales. En ciertos ámbitos vitales, como la defensa del medio ambiente o la promoción de los derechos humanos, las ONG suplimos desde la sociedad civil el rol de promoción, monitoreo y defensa que el Estado descuida o no asume.
Por todo esto, el rol que las ONG cumplimos en las sociedades modernas ha sido reconocido internacionalmente, particularmente en el seno de las Naciones Unidas, que ha declarado la necesidad de una protección especial para nuestras organizaciones por la contribución que ofrecemos a la protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.
Desde el Estado hay una actitud ambivalente ante nosotros. Ciertas autoridades, celosas ante nuestra acción social, la juzgan como una invasión en el campo de sus atribuciones, actitud anacrónica e incompatible con la complejidad de la vida social, que exige la colaboración armónica entre el Estado y la libre iniciativa de los ciudadanos. Afortunadamente, no pocas autoridades estatales ya lo comprenden así y han establecido una relación de colaboración con las ONG que ha rendido frutos innumerables a lo largo y ancho del país.
No obstante, hay un ámbito en el cual ciertas autoridades del Estado se muestran invariablemente intolerantes y aun agresivas ante las ONG, alimentando una constante campaña de calumnias y asedio administrativo. Tal cosa sucede cuando, en uso del derecho constitucional a la libre expresión, propio de la democracia, las ONG hacemos seguimiento a la acción de las autoridades y les formulamos críticas por sus deficiencias, errores o abusos en perjuicio de las personas. Esta intolerancia se percibe aún más claramente en relación con la defensa de Derechos Humanos y la defensa del Medio Ambiente, ámbitos en que la acción de las ONG enfrenta a poderosas fuerzas que actúan con indignante impunidad garantizada desde el seno del propio Estado.
Esta agresividad se ha mostrado particularmente activa en el último año, con una intensificación de declaraciones persistentemente hostiles por parte de altos funcionarios y mediante la manipulación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), sirviéndose de ésta como instrumento a través del cual se pretende echar una mordaza a las ONG que trabajamos en estos ámbitos, recortar nuestro derecho a la libre expresión y aún, eventualmente, sancionarnos y cancelar nuestro registro por decisión administrativa, contraviniendo la sentencia dictada al respecto por el Tribunal Constitucional. Esta escalada se ha reiniciado con acciones de la APCI contra las ONG Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Instituto de Defensa Legal (IDL) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Protestamos ante esta campaña alentada desde ciertos sectores intolerantes y autoritarios, que operan dentro y fuera del Gobierno, con intereses creados en torno a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y la explotación irracional del medio ambiente. Exhortamos a los sectores democráticos del Gobierno a no dejarse arrastrar por los intereses creados de algunos, que se sienten por encima de la ley y la justicia. Los exhortamos especialmente a no responder con represalias los informes u opiniones que las ONG formulan en cumplimiento de su labor, y a adoptar más bien una actitud constructiva en pro de solucionar las situaciones denunciadas, pues un gobierno realmente democrático debe interactuar con actores sociales que piensan distinto y aceptar la crítica como una condición indispensable de la democracia.
Lima, 18 de septiembre de 2008.
- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
18 de Setiembre del 2008