Ante el paro del 09 de julio
Ante el paro nacional de trabajadores, anunciado para el 9 de julio por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y las declaraciones y medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar dicha paralización de labores, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera que:
1. Los trabajadores, como todo ciudadano, tienen pleno derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad, a negociar sus condiciones de trabajo y remuneración, y a hacer uso del derecho de paralización de labores, así como a manifestar pública y pacíficamente en reclamo de sus demandas.
2. La paz es un valor central de la vida social, que todos tenemos la obligación de preservar. Por la paz, los peruanos hemos luchado con esfuerzo, particularmente en los duros años de violencia terrorista. Pero la paz que se invoca como pretexto para anular el derecho a reclamar o disentir, o para legitimar la represión, no es tal paz sino una contención artificial de conflictos que luego estallarán con más fuerza. La paz verdadera, que es la paz democrática, incluye el derecho amplio a la protesta, dentro del orden constitucional. Es deber de todos ejercer sus derechos ciudadanos y sus facultades como autoridades sin olvidar en ningún momento, ni poner en peligro, la paz democrática de los peruanos.
3. Todos los que participen en las acciones anunciadas para el día 9, sean trabajadores, ciudadanos que se adhieren o manifestantes en general, deben actuar con sensatez y respeto a la Constitución y la ley, en consecuencia deben respetar los bienes públicos y privados, no incurrir en agresiones y respetar el libre tránsito por las vías públicas. Asimismo deben rechazar firmemente toda provocación violentista y todo ataque contra los efectivos de la Policía Nacional, como ocurriera con el secuestro de 60 de sus efectivos recientemente en Moquegua.
4. Las autoridades del Estado, a todo nivel, deben prestar las garantías necesarias para que los trabajadores puedan cumplir la medida sindical y manifestar por sus reclamos en paz y seguridad. Es responsabilidad fundamental de las autoridades garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, lo cual les obliga a ejercer sus atribuciones con prudencia y sensatez, rechazando la tentación de abusar del poder y la fuerza. Rechazamos con decisión todo llamado irresponsable a reprimir violentamente las manifestaciones de trabajadores, a apalearlos o disparar contra ellos, haciendo a un lado los mecanismos de diálogo que nunca deben cerrarse.
6. En particular nos preocupa la disposición del Gobierno de involucrar a las Fuerzas Armadas en el paro del día 9, pues no es función de ellas intervenir en conflictos sociales ni controlar el orden público, ni están preparadas para actuar convenientemente en tales casos. Esta función corresponde a la Policía Nacional, la cual debe actuar con procedimientos adecuados para tratar con manifestaciones de ciudadanos civiles.
Lima, 7 de julio de 2008
07 de Julio del 2008
