Sobre la supuesta persecución a las FFAA
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza las declaraciones
del Presidente de la República, Alan García Pérez, y del Ministro de
Defensa, Ántero Flores Aráoz, emitidas el día de ayer, en la ceremonia
del 187º aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú,
sobre una supuesta cacería de brujas contra las Fuerzas Armadas por
casos de violación de derechos humanos.
La CNDDHH ha señalado en repetidas ocasiones que reconoce la labor de
las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el
restablecimiento de la paz. Se trata de una tarea difícil y riesgosa
que cientos de militares y policías han cumplido con sacrificio de su
integridad física y psíquica, e incluso de su propia vida. Es el caso
de 12 efectivos del Ejército cuya muerte, junto con la de siete
civiles, se anunció hoy, como producto de un aleve atentado terrorista
perpetrado en Tintay Puncu (Huancavelica). Por ello, los militares y
policías que cumplen con su deber y defienden la constitución y la ley
merecen el homenaje y la gratitud de la nación, aunque,
lamentablemente, no reciban de los sucesivos Gobiernos del país la
atención médica y salarial que igualmente merecen y necesitan.
Sin embargo, la CNDDHH distingue claramente entre el cumplimiento
esforzado de la función militar y policial, y la acción criminal
cometida al amparo del uniforme. La tortura, la desaparición forzada,
la ejecución extrajudicial, el asesinato, son delitos e incluso
crímenes de lesa humanidad que no se pueden tolerar en ningún caso. La
obligación de las autoridades del Estado es vigilar en primer lugar el
respeto a los derechos humanos, en lugar de inventar argumentos que
intentan disculpar y lograr impunidad para quienes los violan.
Los militares que asesinaron en masa a 67 campesinos, incluidas decenas
de mujeres y niños en Accomarca; los que desaparecieron al periodista
Jaime Ayala en la base militar de Huanta; los que asesinaron a 17
personas en un vecindario de Barrios Altos; los que ejecutaron a nueve
estudiantes y un profesor en La Cantuta; los que asesinaron a 123
campesinos en Putis, incluyendo a niños y mujeres a las cuales violaron
sexualmente antes de ejecutarlas; todos ellos, con tales atrocidades,
deshonraron el uniforme, violaron la ley peruana y la ley
internacional, y perjudicaron profundamente la lucha contra el
terrorismo.
Los autores de estos hechos merecen sanción tanto como los terroristas,
que ya purgan sentencias, pues unos y otros ensangrentaron el país,
agrediendo a civiles pacíficos. Es contra los autores de casos como
estos que se dirige la acción de los organismos de derechos humanos, y
solamente contra ellos, como también contra los conceptos que amparan o
promueven ese tipo de acción por parte de militares. En lugar de
defender a esos malos militares, las autoridades y la propia
institución militar deberían zanjar con ellos y ser las más interesadas
en que se haga justicia. Qué pena que no ocurra así.
El Poder Judicial debe decidir en estos casos, como corresponde, pues
nadie está por encima de la ley. Lamentablemente muy pocos casos de
estos han llegado a ser vistos por las cortes. La gran mayoría de casos
se encuentran en estado de investigación preliminar, a pesar de los
muchos años transcurridos. El Presidente y el Ministro de Defensa
deberían preocuparse por dar los recursos necesarios para que los casos
sean procesados con celeridad. Entre otras cosas, deberían retirar los
obstáculos que cotidianamente impiden avanzar las investigaciones, como
cuando el Ministerio de Defensa se niega a entregar la información
requerida por fiscales y jueces, recurriendo al pretexto inadmisible de
tal información ha sido eliminada. Hay muchas cosas que deberían hacer
para que se haga justicia, en lugar de abogar por la impunidad de
crímenes de lesa humanidad.
10 de Octubre del 2008
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