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PRONUNCIAMIENTO :
La Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, frente a la detención y acusación de ocho
campesinos de ser autores de la emboscada en que fueron
asesinados cobardemente cinco policías y tres civiles en el
departamento de Ayacucho, expresa su profunda preocupación por
la situación de estas personas, quienes llevan ya casi tres
semanas privados de libertad, y deplora la forma en que se
llevó a cabo la intervención militar, así como la denuncia
fiscal y el proceso penal que se les ha abierto por la
comisión del delito de Terrorismo, en los cuales no se ha
tomado en consideración una serie de pruebas que descartan,
mas bien, la responsabilidad penal de estos
campesinos.
El 18 de diciembre de 2006 a
horas 11:30 horas, aproximadamente, los ocho campesinos fueron
intervenidos por una patrulla de la Base Militar de Ramadilla
al mando del Teniente EP Roy Dulanto Montalvo. Al momento de
su intervención, se encontraban protegiéndose de una fuerte
lluvia en el interior de una choza ubicada en las tierras de
propiedad de Américo Ludeña, actual alcalde del distrito de
Luricocha- Huanta, para quien estaban laborando en faenas
agrícolas.
Los campesinos fueron llevados al
cuartel de Pichari, lugar donde se elaboró el acta de
incautación de unas armas que el Ejercito refiere que encontró
cerca de la choza donde se produjo la intervención. Mediante
insultos y amenazas se les obligó a firmar la referida acta
sin que se les explique debidamente de qué tipo de documento
se trataba, y sin contar con presencia del Fiscal o de algún
abogado defensor. Seguidamente, fueron fotografiados en
el interior de esta base, frente a una mesa donde se colocaron
las armas y municiones, como si se las hubiesen incautado a
los campesinos, tratándoseles de peligrosos delincuentes.
Posteriormente fueron conducidos
a la Comisaría de San Francisco, donde se les tomó
declaraciones en idioma español, sin tener en cuenta su
condición de quechuahablantes, y sin contar con abogado
defensor. El Fiscal Provincial Tomás Infante Huayhua habría
estado en tales diligencias solo al inicio y no habría tenido
una intervención activa y permanente. En esta comisaría
firmaron varios documentos desconociendo su
contenido.
Es de extrañar que las evidencias
que deslindan su responsabilidad en los hechos no se hayan
valorado, como por ejemplo, la pericia de absorción
atómica que arroja negativo para los ocho
campesinos.
Estas ocho personas son miembros
del Comité de Autodefensa de Chacas, centro poblado menor que
pertenece al distrito San José de Santillana, Provincia de
Huanta, departamento Ayacucho y, en su momento, enfrentaron a
“Sendero Luminoso”.
Cabe resaltar que el Concilio
Nacional Evangélico del Perú y la comunidad evangélica de
Ayacucho respaldan la inocencia de estos ocho campesinos
evangélicos y los vienen apoyando decididamente.
Reiteramos nuestra condena al
terrorismo y al uso de la violencia. Un Estado democrático
para hacer frente a la delincuencia debe sujetar su actuación
a los procedimientos y medios legales establecidos y, por
ende, debe valorar debidamente los elementos de prueba antes
de privar arbitrariamente de su libertad a humildes pobladores
que, además, no cuentan con recursos para su defensa
legal.
Aún estamos a tiempo para
rectificar errores, por lo que demandamos a las autoridades
competentes la inmediata libertad de estos ocho campesinos. Lo
contrario significaría una manifestación de abuso y
prepotencia y una clara violación de los derechos
fundamentales.
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