[QUIPU] CNDDHH demanda inmediata libertad de campesinos

Mie Ene 10 15:50:48 PET 2007



                  PRONUNCIAMIENTO :
                  ANTE LA INJUSTA DETENCIÓN DE OCHO CAMPESINOS POR LA
SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE TERRORISMO

                  La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a la
detención y acusación de ocho campesinos de ser autores de la emboscada en
que fueron asesinados cobardemente cinco policías y tres civiles en el
departamento de Ayacucho, expresa su profunda preocupación por la situación
de estas personas, quienes llevan ya casi tres semanas privados de libertad,
y deplora la forma en que se llevó a cabo la intervención militar, así como
la denuncia fiscal y el proceso penal que se les ha abierto por la comisión
del delito de Terrorismo, en los cuales no se ha tomado en consideración una
serie de pruebas que descartan, mas bien, la  responsabilidad penal de estos
campesinos.

                  El 18 de diciembre de 2006 a horas 11:30 horas,
aproximadamente, los ocho campesinos fueron intervenidos por una patrulla de
la Base Militar de Ramadilla al mando del Teniente EP Roy Dulanto Montalvo.
Al momento de su intervención, se encontraban protegiéndose de una fuerte
lluvia en el interior de una choza ubicada en las tierras de propiedad de
Américo Ludeña, actual alcalde del distrito de Luricocha- Huanta, para quien
estaban laborando en faenas agrícolas.

                  Los campesinos fueron llevados al cuartel de Pichari,
lugar donde se elaboró el acta de incautación de unas armas que el Ejercito
refiere que encontró cerca de la choza donde se produjo la intervención.
Mediante insultos y amenazas se les obligó a firmar la referida acta sin que
se les explique debidamente de qué tipo de documento se trataba, y sin
contar con presencia del Fiscal o de algún abogado defensor.  Seguidamente,
fueron fotografiados en el interior de esta base, frente a una mesa donde se
colocaron las armas y municiones, como si se las hubiesen incautado a los
campesinos, tratándoseles de peligrosos delincuentes.

                  Posteriormente fueron conducidos a la Comisaría de San
Francisco, donde se les tomó declaraciones en idioma español, sin tener en
cuenta su condición de quechuahablantes, y sin contar con abogado defensor.
El Fiscal Provincial Tomás Infante Huayhua habría estado en tales
diligencias solo al inicio y no habría tenido una intervención activa y
permanente. En esta comisaría firmaron varios documentos desconociendo su
contenido.

                  Es de extrañar que las evidencias que deslindan su
responsabilidad en los hechos no se hayan valorado, como por ejemplo, la
pericia de absorción atómica  que arroja negativo para los ocho campesinos.

                  Estas ocho personas son miembros del Comité de Autodefensa
de Chacas, centro poblado menor que pertenece al distrito San José de
Santillana, Provincia de Huanta, departamento Ayacucho y, en su momento,
enfrentaron a “Sendero Luminoso”.

                  Cabe resaltar que el Concilio Nacional Evangélico del Perú
y la comunidad evangélica de Ayacucho respaldan la inocencia de estos ocho
campesinos evangélicos y los vienen apoyando decididamente.

                  Reiteramos nuestra condena al terrorismo y al uso de la
violencia. Un Estado democrático para hacer frente a la delincuencia debe
sujetar su actuación a los procedimientos y medios legales establecidos y,
por ende, debe valorar debidamente los elementos de prueba antes de privar
arbitrariamente de su libertad a humildes pobladores que, además, no cuentan
con recursos para su defensa legal.

                  Aún estamos a tiempo para rectificar errores, por lo que
demandamos a las autoridades competentes la inmediata libertad de estos ocho
campesinos. Lo contrario significaría una manifestación de abuso y
prepotencia y una clara violación de los derechos fundamentales.


                  Lima, 10 de enero de 2007


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