El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, nos dejó un gran reto como país. Este se basa en la necesidad de cerrar las brechas entres los peruanos y el de construir un nuevo pacto social y político, el que debe traducirse en reformas institucionales, la obligación de resarcir a las víctimas de la violencia y sus familiares, y la sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos. A un año de la presentación de este gran relato los peruanos a través de nuestras instituciones políticas y sociales no hemos sabido estar a la altura de las exigencias de reflexión y cambio que nos fueron demandadas.

El balance que hace la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos revisa las acciones realizadas por el Estado en su deber de implementar las recomendaciones de la CVR. Esta es una responsabilidad compartida por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Pode Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y locales. Es así que podemos afirmar que nuestras autoridades aunque han declarado voluntad política para atender estas tareas ésta no se ha concretizado en un plan coordinado que comprometa a todo el sector público.

Es importante señalar algunas de las acciones realizadas. El Poder Ejecutivo con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, y desde el Congreso con la Sub Comisión de Seguimiento a las Recomendaciones, han tratado de atender las acciones concretas demandadas en el Informe Final, sin embargo no han tenido avances significativos. Por otro lado, hay que destacar la labor realizada por la Defensoría del Pueblo al inaugurar el centro de documentación que recoge el acervo documental de la CVR, el lanzamiento de la campaña de difusión del Informe Final y su diagnóstico y apoyo a las acciones que buscan justicia; así como las iniciativas de los gobiernos regionales en Huanuco y Huancavelica que tratan de atender las reparaciones a las víctimas.

Las víctimas del conflicto armado interno son ciudadanos, en su gran mayoría marginados y excluidos, que sufren de limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Es hacia ellos que debe mirar el país y en particular nuestras autoridades. La deuda que tiene el Perú con ellos está lejos de haber sido saldada, no basta los pedidos de disculpas, éstos deben de convertirse en una política de Estado que repare, en un sistema de justicia que atienda sus casos y acabe con la impunidad, y en instituciones reformadas que hagan posible su ciudadanía plena. Los afectados y sus organizaciones, así como la sociedad civil, no deben cejar en su lucha para concretizar estas justas exigencias.

El rescate de la ciudadanía de los afectados por la violencia política precisa del involucramiento de todos los sectores sin excepción, por ello llamamos la atención y nos resulta sumamente preocupante el retroceso en la democratización de las Fuerzas Armadas. El único camino que nos conducirá a la reconciliación es el desprendimiento de concepciones autoritarias y corporativas que alejan a la milicia del control y relación horizontal de los civiles.

El haber contado con una Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido parte del proceso de reconstrucción democrática del país, además es un aporte a la tendencia internacional que busca la consolidación de regímenes democráticos a partir de las reformas de sus instituciones y un ejercicio de memoria histórica que permita mirar al futuro a partir de una reflexión colectiva sobre nuestro pasado. En este proceso necesitamos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, para que vigilen la puesta en marcha e implementación de las recomendaciones de la CVR, en la medida que son estas instancias las que señalan las obligaciones que nuestro Estado debe cumplir en materia de derechos fundamentales. En ese sentido saludamos la mención que hace al  Informe Final de la CVR los Relatores de Naciones Unidas para la Vivienda y la Salud.

La voluntad política debe traducirse en hechos concretos y tangibles para quienes llevan largo tiempo esperando justicia y reparación. Solo así nos encaminaremos a un proceso de reconciliación, que somos concientes es una tarea ardua, que requiere de tiempo y claridad de parte de nuestros gobernantes sobre las prioridades y pasos a seguir. Para ello proponemos a un corto plazo una serie de medidas a ser tomadas por el Estado:

Verdad
- Incorporar en los currículos escolares lo dicho por la CVR en su Informe Final.

Justicia
- Constituir un subsistema especializado para la investigación, juzgamiento y sanción de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, a cargo de magistrados conocedores y observantes de la doctrina y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos .
- Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Investigación Antropológica Forense que nos permita dar con el paradero y la identificación de miles de desaparecidos que yacen en los sitios de entierro, permitiendo que los familiares conozcan la verdad y las autoridades cuenten con elementos para hacer justicia.

Reparaciones
- Aprobar una norma que declare el Plan Integral de Reparaciones como marco conceptual y programático de la política nacional de reparaciones.
- Incluir las reparaciones en el presupuesto nacional para el 2005, así como en los presupuestos regionales y locales.
- Aprobar una norma que defina los objetivos y alcances de un Registro Nacional de Victimas.
- Otorgar recursos adicionales para programas públicos que buscan atender a los afectados, entre ellos tenemos: Sistema Integral de Salud (MINSA), becas educativas (INABEC - MIMDES), documentación de afectados (RENIEC), techo propio, y además contemplar la vivienda rural (Ministerio de Vivienda).
- Establecer mecanismos que brinden información clara a las víctimas sobre las acciones del Estado en materia de reparación.