Frente a conflictos sociales reafirmamos nuestra apuesta por diálogo
democrático y respeto integral a los derechos humanos
Ante la situación de conflicto que ocurre en las provincias de Huamcabamba y San Ignacio, de los departamentos de Piura y Cajamarca, respectivamente, que ha originado el enfrentamiento de las comunidades de la zona con la compañía Minera Majaz; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiesta lo siguiente:
Nuestra preocupación por la forma distorsionada como algunos medios de comunicación y autoridades del gobierno central han informado acerca de los acontecimientos ocurridos en la zona.
El pasado 20 de abril de 2004, la población de Huancabamba marcho pacíficamente hacia la comunidad de Pan de Azúcar con el objetivo de dialogar con los representantes de la Minera Majaz, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Iglesia, Defensoría del Pueblo y otras autoridades locales.
Ante la inasistencia de las autoridades al dialogo, los pobladores se sintieron burlados y se dirigieron al campamento minero para reiterar el cumplimiento del mismo.
En su intento de dispersar a los lugareños la policía disparo proyectiles de gas lacrimógeno hiriendo al menos a siete campesinos, uno de ellos estaría herido de gravedad.
Ante la gravedad de la situación demandamos:
1. Que las autoridades del Ministerio del Interior y de Energía y Minas, cumplan con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a garantizar la participación informada y el derecho de la población a elegir su modelo de desarrollo.
2. El establecimiento de un espacio de diálogo en el que participen los actores involucrados, autoridades locales y sociedad civil, el mismo que debe darse en condiciones de igualdad y transparencia con los representantes del Gobierno Central.
3. Para generar condiciones de diálogo, el Ministerio de Energía y Minas debe disponer la suspensión al menos por 90 días de todo tipo de actividades de la empresa Minera Majaz.
4. El establecimiento de una agenda consensuada que aborde los temas que han generado la preocupación de la población ( irregularidades en el otorgamiento de la concesión a Minera Majaz en zona de frontera, en el procedimiento y permisos solicitados ante el Ministerio de Energía y Minas, falta de licencia social, entre otros).
5. Establecimiento de una comisión investigadora del Congreso sobre los graves hechos ocurridos, en cumplimiento de su función fiscalizadora.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante los graves hechos ocurridos en el interior del país – Puno, la problemática de los cocaleros, los conflictos mineros en general- exhorta a las autoridades del Gobierno Central y a la población en general a plantear soluciones concertadas mediante el diálogo democrático, observando el respeto integral de los derechos humanos.
23 de abril de 2003