2. Coincidimos con las Declaraciones de las Conferencias de Ministros de Defensa anteriores a ésta, en cuanto a que la democracia, el respeto al Estado de derecho, el pleno respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento del multilateralismo son condiciones esenciales para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente.
3. En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por la Carta Democrática Interamericana, consideramos importante recuperar y subrayar el enfoque establecido en el párrafo 3 de la V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que destacó la importancia del principio constitucional de subordinación de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad a las autoridades estatales legalmente constituidas.
4. Compartimos con este foro que los temas como la seguridad hemisférica, las medidas de confianza mutua y la cooperación regional o subregional constituyen cuestiones centrales para discutir y consensuar políticas nacionales de defensa dotadas de mayor transparencia y eficiencia para confrontar exitosamente los desafíos que impone la coyuntura hemisférica en materia de seguridad.
5. Asimismo, reconocemos la existencia de un escenario regional no solo caracterizado por el incremento de la pobreza y la exclusión social, sino por prácticas como el tráfico de drogas o armas, el crimen transnacional o el terrorismo que constituyen una amenaza tanto para los derechos de los ciudadanos como para las instituciones democráticas encargadas de garantizarlos. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la forma en que dichas prácticas son incluidas en el documento borrador de declaración de esta Conferencia de Ministros de Defensa. En tal sentido, el borrador incorpora el concepto multidimensional de la seguridad hemisférica adoptado por la Declaración sobre Seguridad en las Américas. En efecto, a lo largo del texto del borrador de la declaración se advierte un tratamiento indiferenciado y ambiguo de los conceptos de defensa y seguridad como si se trataran de una misma cuestión (par. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 28 del documento en borrador de la Declaración).
6. La confusión entre defensa y seguridad es particularmente riesgosa en la coyuntura global y regional en el que estas definiciones están siendo adoptadas. Por un lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ampliado su definición de seguridad incorporando amenazas o preocupaciones de carácter social, económico, ambiental y de salud pública. En forma concurrente, distintos países de la región están promoviendo definiciones expansivas y ambiguas de lo que constituye una potencial amenaza terrorista. En este contexto, la perspectiva de seguridad sobre ciertos de problemas que — si bien podrían afectar la seguridad — son fundamentalmente de carácter social, económico o político, constituye una práctica que está siendo adoptada por muchos gobiernos de la región que, de no cambiar su texto sería avalada por la Declaración de la VI Conferencia de Ministros de Defensa.
7. En las cinco Declaraciones de Conferencias de Ministros de Defensa previas, el tratamiento conjunto de la defensa y la seguridad aparece en forma incipiente. Sin embargo, el documento borrador de esta Conferencia profundiza esta indefinición conceptual en momentos en que sus consecuencias prácticas amenazan con socavar los principios democráticos. Probablemente, el objetivo de prevenir que esto suceda fue lo que condujo a que los Ministros de Defensa establecieran en la IV Conferencia “la necesidad de definir los conceptos de seguridad y defensa en orden de facilitar su entendimiento como conceptos doctrinarios en el hemisferio” (Párrafo 6 de la IV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Manaos, 2000).
8. La consecuencia práctica de la dilución de la línea divisoria entre la defensa y la seguridad es la alteración de las funciones tradicionales de las fuerzas armadas para implicarlas en cuestiones de seguridad interior o pública. En este sentido, en muchos países del continente se puede apreciar un aumento sostenido de la militarización de la seguridad interna. Existen, sin embargo, poderosas razones por las cuales resulta inconveniente la participación de las fuerzas armadas para confrontar los problemas de seguridad interior o pública:
· La deslegitimación de las instituciones democráticas: El pasado reciente de regímenes antidemocráticos o conflictos armados en la región se caracterizó por la actuación de las fuerzas armadas en asuntos políticos con un costoso saldo para la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por esta razón, la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna podría afectar aún más la legitimidad de las débiles instituciones democráticas de la mayoría de los países de la región, invistiéndolas de un rol protagónico para garantizar la seguridad en detrimento de otras instituciones públicas que tienen la responsabilidad de hacerlo.
· La desprofesionalización de las fuerzas armadas: El desempeño de una misión para la cual no fueron formadas afecta el esfuerzo de los gobiernos y sus propias fuerzas armadas para profesionalizar y democratizar a sus miembros.
· El aumento de las violaciones a los derechos humanos: Como la experiencia de muchos de nuestros países en el pasado reciente refleja la lógica de la guerra, propia de la misión de las fuerzas armadas para garantizar la defensa de los Estados, aplicada a la seguridad interna propicia un incremento de las violaciones a los derechos humanos. También limita la capacidad de control civil y fiscalización ciudadana, indispensables para prevenir y evitar tales violaciones.
· El debilitamiento de los sistemas de seguridad pública: Teniendo en cuenta su naturaleza y rol distintos, la actuación de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad interior obstaculiza el necesario proceso de fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública compuestos por el poder judicial y ministerio público, agencias de inteligencia e investigación, policías de prevención y represión, sistema penitenciario, etc.
a. Que se establezca una clara distinción entre los conceptos de defensa y seguridad y se limite estrictamente la actuación de las fuerzas armadas al campo de la primera. Sólo se deberá permitir la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna para los casos de estados de excepción y por los tiempos, lugares y condiciones estrictamente necesarios a las exigencias de la situación.
b. El párrafo 3 del borrador de Declaración establece: “Que la seguridad y la defensa constituyen bienes públicos que implican la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y su gestión democrática no es exclusiva de las fuerzas armadas, siendo, por lo tanto, fundamental el rol de la sociedad civil en su consecución y desempeño y su articulación funcional en los sistemas políticos de la región”. Con el fin de fortalecer el principio de subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades elegidas democráticamente sugerimos la siguiente formulación: “Que la defensa constituye un bien público que implica la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y que, si bien su gestión democrática corresponde a los Ministerios de Defensa, es fundamental el rol de la sociedad civil en su consecución y desempeño y su articulación funcional en los sistema políticos de la región”.
c. Sugerimos que el párrafo 4 que establece la necesidad de cooperación, transparencia, reciprocidad y confianza mutua e integración efectiva de políticas de defensa nacionales como requisitos para asegurar la seguridad colectiva, permanezca en su actual formulación.
d. El párrafo 7 establece: “Que es responsabilidad de cada Estado promover la transformación y racionalización de las fuerzas de defensa y seguridad en cuanto a sus roles, estructura, equipamiento y entrenamiento, enfocado en ejercer efectivamente la soberanía nacional y asumir los nuevos retos del siglo XXI”. Con el objeto de prevenir el cambio de rol de las fuerzas armadas hacia la seguridad pública sugerimos la siguiente formulación: “Que es responsabilidad de cada Estado promover la racionalización de las fuerzas de seguridad y defensa en cuanto a sus roles, estructura, equipamiento y entrenamiento, enfocado en ejercer efectivamente la soberanía nacional y asumir los nuevos retos del siglo XXI”.
e. Respecto de los párrafos 28 y 29 del borrador de la Declaración referidos a la definición del vínculo entre la OEA y la Junta Interamericana de Defensa (JID), sugerimos que éstos sean modificados conforme a lo dispuesto por el párrafo 49 de la Declaración sobre Seguridad en las Américas[1]. La separación conceptual y práctica que proponemos respecto de la defensa y la seguridad supone que la Junta Interamericana de Defensa sea definida como un organismo no operativo de asesoramiento técnico, únicamente en materia de defensa militar.
11. Creemos oportuno expresar, finalmente, que el actual contexto de expansión de las definiciones que gobiernan tanto la defensa como la seguridad de los Estados y las instituciones democráticas presenta riesgos para los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Al confrontar los gobiernos estos riesgos, es indispensable tener en cuenta la función y naturaleza diferente de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y evitar expandir las funciones de las primeras en América Latina. De lo contrario, el remedio podría ser aún peor que la enfermedad. Por un lado, se verían afectados los avances logrados con respecto al papel de las fuerzas armadas en naciones democráticas y la relación de subordinación a las autoridades civiles democráticamente electas. Por el otro, representaría un gran obstáculo a la democratización de los sistemas de seguridad pública en los países de la región.
Organizaciones firmantes
– Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México
– Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México
– Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
– Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Colombia
– Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), México
– Comité de Familiares de las Victimas de los Hechos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
– Coordinadora Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y sus miembros:
ORGANIZACIONES TITULARES
– AAJ. Asociación Americana de Juristas
– AFAVISEM. Asociación de Familiares Víctimas del Servicio Militar
– BASE – IS. Base Investigaciones Sociales
– CDE. Centro de Documentación y Estudios
– CDIA. Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
– CEJIL. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
– CEPAG. Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch
– CLADEM PARAGUAY
– CMP. Coordinación de Mujeres del Paraguay
– CODEHUCO. Coordinadora de Derechos Humanos de Cordillera
– COMUNICA. Asociación Paraguaya de Radiodifusión Comunitaria
– CONAPI – CEP. Coordinadora Nacional de Pastorales Indígenas
– DECIDAMOS. Campaña por la Expresión Ciudadana
– DNI. Defensa del Niño Internacional
– ESPACIOS de participación ciudadana
– Fundación Kuña Aty
– Fundación Vencer]
– FUNPARE. Fundación para la Reforma del Estado
– GAG – L. Grupo de Acción Gay Lésbico
– INECIP. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
– MOC – PY. Movimiento de Objeción de Conciencia – Paraguay
– ÑEMONGUETARÁ. Programa de Educación Popular
– SEAS – AR. Servicio de Educación y Apoyo Social / Área Rural
– SEDUPO. Servicio de Educación Popular
– SEIJA. Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario
– SERPAJ – PY. Servicio Paz y Justicia – Paraguay
– Sobrevivencia – amigos de la tierra Paraguay
– SPP. Sindicato de Periodistas del Paraguay
– TIERRAVIVA para los pueblos indígenas del Chaco
ORGANIZACIONES ADHERENTES
– AMNISTÍA Internacional
– ATYHA. Alternativas para la Salud Mental
– BASE ECTA. Base de Educación, Comunicación y Tecnología Alternativa
– BECA. Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
– CE.PA.TE. Centro Paraguayo del Teatro
– Coordinadora de Pueblos Nativos de la Cuenca del Río Pilcomayo
– Gestión Local
– Grupo Luna Nueva
– LINAJE. Liga Nativa por la Autonomía, Justicia y Ética
– Pastoral Social Nacional
– SEFEM. Servicios de Formación y Estudios de la Mujer
– CDAS CHACHAPOYAS Obispado de la Diócesis de Chachapoyas
– CJS – CHIMBOTE Comisión de Justicia Social de Chimbote
– CODISPAS HUARAZ Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social
– CDH Centro para el Desarrollo Humano
– ANFASEP Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos
– CDHVS Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad
– VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE JAÉN Vicaría de la Solidaridad de Jaén
– APORVIDHA Asociación por la Vida y la Dignidad Humana
– CODEH – CANAS Comité de Derechos Humanos de Canas
– CODEH – CHUMBIVILCAS Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas
– CODEH – ESPINAR Comité de Derechos Humanos de Espinar
– MCPDHQ Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba
– VICARIA DE SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE SICUANI
– AJUPRODH Asociación Jurídica Pro Dignidad Huamana de Huánuco
– CODEH – PACHITEA Comité de Derechos Humanos de Pachitea
– CODHAH Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga
– CODEH – ICA Comisión de Derechos Humanos de Ica
– CEIDHU Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano
– CODDHT Comité de Defensa de Derechos Humanos Taurija
– CODEH – SC Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Prov. de Sánchez Carrión
– CODEH – TAYABAMBA Comité de Derechos Humanos de Tayabamba – Pataz
– COPREPAS Comisión Prelatural de Pastoral Social – Huamachuco
– SEDYS Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad
– COSDEJ Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia
– APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos
– CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
– CAPS Centro de Atención Psicosocial
– CEAPAZ Centro de Estudios y Acción para la Paz
– CEDAL Centro de Asesoría Laboral del Perú
– CODEH – EL AGUSTINO Comisión de Derechos Humanos de El Agustino
– CODEH – HUACHO Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho
– COFADER Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados
– COMISEDH Comisión de Derechos Humanos
– FEDEPAZ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
– IDL Instituto de Defensa Legal
– IPEDEHP Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
– OFIP Oficina de los Derechos Humanos del Periodista
– PAZ Y ESPERANZA Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza
– REDINFA Red para la Infancia y la Familia – Perú
– SER Asociación Servicios Educativos Rurales
– VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS Comisión de Justicia y Paz DDHH del Vicariato Apostólico de Iquitos
– VICARIATO APOSTOLICO SAN JOSE DEL AMAZONAS Vicariato Apostólico San José del Amazonas
– CODEH – ILO Comité de Derechos Humanos de Ilo
– CODEH – PASCO Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano – Pasco
– DIOCESIS DE CHULUCANAS Diócesis de Chulucanas Area de Justicia y Paz
– ADLps Asociación de Defensa Legal y Promoción Social
– CEDEH Centro de Desarrollo Humano
– VICARIA de la Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri
– VICARIA de la Solidaridad de Juli
– CODEH – MOYOBAMBA Comité de Derechos Humanos de Moyobamba
– CODEH – PUCALLPA Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
– Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
– Justiça Global, Brasil
– Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Brasil
– Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “todos los derechos para todos”, México y sus miembros:
– Academia Jalisciense de Derechos Humanos, A. C. (AJDH)
– Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT)
– Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A. C.
– Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI)
– Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC)
– Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
– Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, A. C.
– Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (CDHFBC)
– Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV)
– Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C.
– Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH)
– Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C.
– Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C.
– Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.
– Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
– Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC)
– Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C.
– Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)
– Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara)
– Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C.
– Centro Potosino de Derechos Humanos, A. C. (CEPODHAC)
– Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.
– Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C.
– Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC)
– Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC)
– Colectivo Educación para la Paz. (CEPAZ)
– Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz”
– Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC)
– Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHM)
– Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida”
– Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
– Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C.
– Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI)
– Comité de Derechos Humanos Ajusco
– Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C.
– Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO)
– Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB)
– Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C.
– Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, A. C.
– Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC.
– Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (CODHOMHAC)
– Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo, A. C.
– Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C.
– Franciscans International, México, A. C. (FIMx)
– Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos
– Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
– Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C.
– Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC),
– Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS-SOJ-ITESO)
– Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla
– Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-León
– Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario
– Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México)
– Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.
– Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH)
– Servicio Paz y Justicia (SERPAJE), Ecuador
– Terra de direitos, Brasil
– Washington Office of Latin America (WOLA), USA
[1] “Reiteramos la necesidad de aclarar la relación jurídica e institucional de la Junta Interamericana de Defensa (JID) con la OEA. Por ello, recomendamos que el Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 54, incisos (a) y (b), de la Carta de la Organización y de conformidad con los criterios contenidos en las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión, en particular la resolución AG/RES. 1240 (XXIII-O/93) – “asesoramiento y prestación de servicios consultivos de carácter técnico-militar que en ningún caso podrán tener naturaleza operativa”; la resolución AG/RES. 1848 (XXXII-O/02) –“incluido el principio de supervisión civil y la conformación democrática de sus autoridades”; y las resoluciones AG/RES. 1908 (XXXII-O/02) y AG/RES. 1940 (XXXIII-O/03) – “proporcionar a la OEA la pericia técnica, consultiva y educativa en materia de defensa y seguridad”–, concluya el análisis de la relación de la JID con la OEA y eleve recomendaciones al trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta determine las normas que precisen esa relación y el mandato de la Junta. El Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, mantendrá comunicación regular con la JID para los efectos de este párrafo.