Urgente atención a problemas estructurales reflejados en conflictos sociales
Ante los últimos conflictos sociales que se vienen presentando en el interior del país la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiesta lo siguiente:
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La población en muchas partes del país se siente excluida por que sus demandas no son atendidas por las autoridades correspondientes generando una serie de manifestaciones públicas con los consiguientes enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden, que ha dejado lamentablemente muertos y heridos.
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Lamentamos que el Gobierno ante los conflictos sociales reaccione de manera tardía y en muchos casos cuando ya se han producido pérdidas irreparables como las muertes de ciudadanos en Ilave y San Gabán.
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Exhortamos a las autoridades a no permanecer indiferentes frente a los reiterados pedidos de atención y de diálogo por parte de la población del interior del país sobre los problemas de pobreza, carencia de infraestructura básica, deficiencias en la prestación de los derechos de educación, salud, la participación de la población en la búsqueda de alternativas frente a la problemática del cultivo de coca y la crisis de legitimidad de la autoridad.
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Recordamos al Estado que todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es posible cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional y justificable al hecho que se pretende enfrentar, debiendo ejercerse con moderación, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, debiendo protegerse por todos los medios la vida humana, tal como lo establecen los Principios Básicos de sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir al Ley adoptado por Naciones Unidas.
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Nuestra profunda preocupación porque durante el actual régimen democrático son ya 11 las muertes de ciudadanos producto del uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales y militares en contextos de represión de protestas ciudadanas, hechos que no tienen ninguna justificación.
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Exigimos la investigación transparente y exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes de las muertes y lesiones producidas en contextos de actos de protesta.
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Así mismo invocamos a la población a que ejerzan su derecho de protesta de manera pacífica respetando la integridad de las personas y bienes públicos y privados.
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Exhortamos al gobierno a reconstruir la confianza en la población que permita conducir al diálogo y al acuerdo entre las partes, lo que implica acortar la grandes abismos económicos, sociales y culturales.
El fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, tal como lo establece nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y ello implica no sólo el respeto de la vida y la integridad física de las personas sino también la adopción de todas aquellas medidas necesarias para garantizar una vida digna en un marco de desarrollo sostenible y sustentable. Los conflictos sociales no se resuelven adoptando medidas cada vez más duras que criminalizan la protesta en las calles sino más bien enfrentando los problemas estructurales de la pobreza, el abandono y la exclusión en la que vive gran parte de la población peruana sobre todo en el interior del país.
Lima, 10 de noviembre de 2004