Otra vez la Impunidad en la Justicia Militar
Con fecha 15 de julio del 2004 el Consejo Supremo de Justicia Militar declaro improcedente la solicitud de nulidad del proceso seguido en el fuero militar sobre el caso La Cantuta, resolución que recién fue notificada a los familiares de las victimas este 20 de agosto.
Como se recordara en el año 1992, nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, torturados, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas del orden, con conocimiento de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y los más altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Ante esta grave decisión la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronuncia:
1.- A un año de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta resolución es una cachetada al país, un grave retroceso al proceso de consolidación democrática y los compromisos de lucha contra la impunidad expresados por nuestras más altas autoridades.
2.- Este fallo es nulo e ilegal, porque constituye un evidente fraude a la ley, ya que el proceso se llevo a cabo ante un órgano incompetente para el juzgamiento y sanción de los delitos arriba mencionados, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y el Frontón, resoluciones que son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado, así como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional publicada el 24 de agosto del presente en el diario oficial El Peruano que dispone que …Si el delito es de naturaleza común su juzgamiento corresponderá al Poder Judicial…
No debemos olvidar que los jueces militares que emitieron la sentencia lo hicieron dentro de una estrategia de encubrir la comisión de estos delitos contra los derechos humanos cometidos por sus amigos Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori y altos mandos militares prueba de ello son las mínimas sanciones impuestas y la promulgación de la ley de amnistía a favor de dichos criminales.
Ante este grave retroceso de la justicia y la lucha contra la impunidad en la violación de los derechos humanos exigimos al Ministerio Público como representante de la sociedad y defensor de la legalidad formule la denuncia penal correspondiente contra los autores de estos crímenes y los jueces militares que intentan encubrirlos Asimismo frente a lo ocurrido creemos urgente e impostergable reabrir el debate sobre la eliminación del fuero militar y la integración de estos casos al Poder Judicial.
Frente a este ilegal y nulo fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar saludamos la histórica resolución del Tribunal Constitucional que define de forma clara que los delitos contra los Derechos Humanos no son delitos de función sino crímenes comunes que deben ser juzgados por jueces civiles.
Asimismo respaldamos la propuesta del congresista Alcides Chamorro de priorizar la discusión sobre la eliminación del Consejo Supremo de Justicia Militar en el contexto de la Comisión de Justicia del Congreso.
Lima, 25 de agosto de 2004