Mesa sobre Pueblos Indígenas

 

 

 

La Mesa de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH busca contribuir al desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, promover la institucionalización de políticas públicas y la reforma del Estado desde una perspectiva intercultural

 

 

 

 

 

 

 

 

(extraído del Informe Anual 2003)

 

 

En el Perú diariamente se deforestan 725 hectáreas de bosques138 , muchas de las cuales pertenecen a comunidades nativas. Dichas operaciones se realizan en virtud de los mecanismos establecidos por la Ley Forestal, Ley N° 27308, para el otorgamiento de concesiones forestales en grandes extensiones de terreno, tanto en bosques de libre disposición como en los bosques nacionales, afectando seriamente las condiciones de subsistencia de las mencionadas comunidades.

Parte de los territorios de las comunidades Asháninka de Chorinshi, distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya; y la de Alto Tamaya, del distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, ambas del departamento de Ucayali, habrían sido comprendidos en procesos de concesión forestal, violando la normatividad nacional e internacional de protección en dichas áreas. En este sentido, algunos miembros de la comunidad Asháninka de Churinashi han sido encausados penalmente debido a las acciones de resistencia a la toma de tierras por parte de los concesionarios.

 

En la selva del departamento del Cusco, provincia de La Convención, distrito de Echarati, entre las cuencas del los ríos Bajo Urubamba y Camisea, se encuentra la reserva de gas natural Camisea, descubierta a principios de la década de los 80´s.

 

Actualmente las obras de explotación y conducción a Lima del mencionado recurso natural se encuentran muy avanzadas, sin embargo estas han ocasionado una serie de molestias a las comunidades campesinas y nativas por cuyos territorios se lleva a cabo la labor. Los pueblos indígenas Machiguenga, Yine-Piro, Yaminahua, Amahuaca, Asháninka, Nahua y Kugapakori que han ocupado tradicionalmente el Valle de Urubamba son las más afectadas por la explotación del gas.

Los problemas por el trabajo de extracción y conducción llegaron a un punto extremo durante el 2003 con la publicación del Decreto Supremo N° 028-2003-AG, decreto que otorga la tutela provisional139  de los mencionados pueblos a favor de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Art. 6°). Con esta norma, además de violar los derechos civiles de los integrantes de las mencionadas comunidades, se desconoce su ciudadanía y se retrocede muchísimo en cuanto a la relación Estado – comunidades campesinas y nativas.

 

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) hizo pública su preocupación sobre el vencimiento del plazo de suspensión temporal de petitorios mineros en tierras comunales140  y otras áreas protegidas en Madre de Dios, la misma que venció el 31 de diciembre del 2003. De acuerdo a la mencionada institución existirían desde enero del 2004, muchos inversionistas mineros interesados en invertir en dichas áreas habilitadas para la minería, las mismas que comprenderían en parte áreas de comunidades nativas, entre las que se encuentra la Reserva Comunal Amarakaeri.