de un Torturador Peruano
El 9 de marzo, oficiales de los Estados Unidos detuvieron a Tomás Ricardo Kohatsu, un agente de inteligencia militar peruano implicado en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Pruebas contundentes implican a Anderson en la tortura de Leonor La Rosa Bustamante – ex agente militar – quien sufre de severas secuelas físicas a causa de la tortura infringida. Otras víctimas de tortura han prestado testimonio ante la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Perú y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implicando a Anderson en hechos de tortura.
El Departamento de Justicia de los EEUU estaba dispuesto a procesar a Anderson basado en el “Torture Victim Protection Act” 18USC Sec 2340ª que contempla la extraterritorialidad para perseguir a individuos implicados en casos de tortura. Una decisión cuestionable del Departamento de Estado de los Estados Unidos bloqueó el arresto del señor Anderson argumentando que éste gozaba de inmunidad porque fue traído por el gobierno de Perú para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos de la OEA.
Las organizaciones de derechos humanos apoyamos la voluntad del Departamento de Justicia para perseguir este caso. Con ellos se ha enviado una señal contundente a los torturadores del mundo, y el Perú específicamente, en el sentido de que los crímenes en contra de la humanidad cruzan fronteras y no deben de quedarse impunes.
Deploramos asimismo la decisión del Departamento de Estado de bloquear ésta oportunidad única de iniciar acción penal en contra del señor Anderson. La evidencia abrumadora que implica al mismo en actos reiterados de tortura, claramente constituye prueba suficiente para ejercer acción penal en su contra y obligaba a los Estados Unidos a actuar conforme al derecho nacional e internacional. Entendemos la decisión del Departamento de Estado, como una expoliación injustificada del principio de inmunidad. Más aún, el derecho internacional prohibe claramente otorgar inmunidad a cualquier acusado de cometer crímenes contra la humanidad, incluyendo a jefes de Estado, tal como se estableció claramente en el caso de Pinochet.
Manifestamos nuestra decisión y voluntad de actuar en todos los casos similares que puedan surgir en el futuro. Los códigos legales deben acompañarse de la voluntad política de las autoridades de los Estados Unidos para cumplir la ley.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición por la Justicia Internacional (Bianca Jagger)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Human Rights Watch (HRW)
The Washington Office on Latin American (WOLA)
Lima 10 de marzo de 2000