1.- El gobierno que encabeza el presidente Valentín Paniagua ha dado en estos meses pasos importantes para crear condiciones para una vigencia efectiva de los derechos humanos en el Perú. En ese sentido cabe destacar la restitución plena de la libertad de prensa, la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional, la creación de una nueva Comisión Ad Hoc para el tema de inocentes en prisión, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la suscripción del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de una solución negociada para los casos pendientes ante la Comisión y la Corte Interamericana.
2.- A lo anterior hay que sumarle el avance sustantivo hacia el establecimiento de una Comisión de la Verdad, por la comisión preparatoria creada para tal efecto por el Ministerio de Justicia. En ella han participado los ministros de Justicia, Defensa, Interior y de la Mujer; así como el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y la CNDDHH. El trabajo de la Comisión ha concluido de la manera más exitosa. Sobre la base de una amplísima consulta a escala nacional y tomando todos los acuerdos por unanimidad, se han aprobado todos los detalles necesarios en relación con su mandato, composición, período a analizar, tiempo de funciones etc. El proyecto de Decreto Supremo que crea la Comisión de la Verdad se encuentra ya listo y va a ser enviado para la consideración del presidente Valentín Paniagua.
3- Hay un gran consenso nacional para la formación de una Comisión de la Verdad que de cuenta de las responsabilidades tanto de los grupos subversivos, como de las fuerzas del orden en los últimos veinte años. Así, los cuatro candidatos presidenciales que encabezan todas las encuestas de opinión han suscrito públicamente un compromiso público a favor de la Comisión de la Verdad que será también entregado al presidente Paniagua. Damos cuenta también de que en una reciente encuesta nacional encargada por la CNDDHH a Imasen el acuerdo ciudadano para que la Comisión de la Verdad se instale llega al 82,9%.
4.- Dada la sensibilidad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos y el compromiso público de todas las fuerzas políticas del país, la CNDDHH tiene fundadas razones para confiar que el Perú podrá contar en las próximas semanas con una Comisión de la Verdad que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a construir la democracia sobre bases sólidas.
5.- Paralelo al tema de la verdad está el tema de la justicia y a ese nivel hay también importantes novedades. Nos referimos a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el marco de su sentencia para el caso Barrios Altos, ha establecido que las leyes de amnistía 26479 y 26492 aprobadas en junio de 1995 por el gobierno de Alberto Fujimori son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos. Se trata de una decisión histórica y de obligado cumplimiento por el Estado peruano por lo que se abren de nuevo las puertas a la justicia para las víctimas de crímenes de derechos humanos cometidos antes de esa fecha.
6.- Es importante ratificar, dado los avances que venimos reseñando para las posibilidades de verdad y justicia en el país, que estos no pueden ni deben entenderse como un intento de desprestigiar o debilitar a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los organismos de derechos humanos tienen la profunda convicción que este proceso, por más doloroso que pueda ser inicialmente, apunta a fortalecerlas institucionalmente y legitimarlas frente a la población. El señalamiento de responsabilidades y su sanción permitirá a los peruanos recuperar la confianza en las instituciones armadas.
7.- El punto anterior cobra sentido e importancia inmediata a raíz de la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación sobre posibles ejecuciones extra-judiciales luego de la recuperación de la embajada del Japón tomada por el MRTA. Es sumamente importante precisar al respecto que la CNDDHH considera que esa investigación judicial no puede interpretarse en ningún caso como una justificación a la toma de rehenes por parte del MRTA, hecho inaceptable que condenamos en su momento de la manera más enérgica. Tampoco pone en tela de juicio el derecho y la obligación que el Estado peruano tuvo de conseguir la liberación de los rehenes, poniendo fin a una situación inaceptable que afectaba gravemente los derechos fundamentales de las personas secuestradas.
8.- Las investigaciones judiciales deben centrarse, en nuestra opinión, exclusivamente en establecer si hubo ejecuciones extra-judiciales de prisioneros rendidos; hechos que de comprobarse constituirían gravísimos, innecesarios e injustificables crímenes, ocurridos posteriormente a la operación militar de recuperación de la embajada y que, comprometen sólo a sus ejecutores directos y a quienes lo ordenaron.
9.- Finalmente sobre las denuncias y acusaciones que se vienen haciendo contra el Ministro de Justicia por la situación carcelaria, la CNDDHH considera que hay una intencionada distorsión de lo que ocurre en las prisiones por parte de algunos medios y sectores políticos vinculados al fujimorismo con el propósito de crear una imagen de desorden que desacredite la democracia. Compartimos la opinión del Ministro de Justicia en el sentido de que no existe razón alguna para que la necesaria humanización de las cárceles y el respeto a la dignidad del ser humano, tengan que venir acompañadas de la pérdida del principio de autoridad y/o de relajamiento de la seguridad en las cárceles.
10.- Las semanas que vienen serán decisivas para que el gobierno transitorio consolide los logros alcanzados en la lucha contra la impunidad, en la vigencia de los derechos humanos, en la recuperación del estado de derecho y en la confianza ciudadana en las instituciones. Las diferentes medidas y decisiones, a adoptar con estos fines, probablemente tendrán algunos detractores entre sectores que se pueden sentir afectados, pero contarán como hasta ahora con al amplio respaldo de la opinión pública y contribuirán a construir un futuro mejor.
Lima, 2 de marzo del 2001