Los días 27 y 28 de febrero se llevó a cabo un paro de protesta acatado de manera pacífica por la inmensa mayoría de pobladores del distrito de Tambogrande – Piura, dicha medida de protesta se originó, entre otros factores, por la deficiente política implementada por la compañía Minera Manhattan Sechura, el abandono del gobierno central y las autoridades de la región, y el rechazo mayoritario a la actividad minera por parte de la población de la región. Lamentablemente, en ese contexto un grupo minoritario ocasionó daños personales y materiales
Frente a ello y ante la grave situación que enfrenta la población de Tambogrande en un contexto que podría ser propicio para la violación de sus derechos fundamentales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a las autoridades y la opinión pública en general para expresar lo siguiente:
1.- Apoyamos a la población de Tambogrande en la defensa de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a su cultura, a vivir en un ambiente sano, a la libre determinación de su destino y desarrollo sostenible.
2.- Apoyamos decididamente la meditada decisión del Arzobispo de Piura y Tumbes y del Obispo de Chulucanas en solicitar el retiro de la Empresa Minera de la zona en razón de la “inviabilidad social” del proyecto.
3.- Al igual que la inmensa mayoría pacifica de Tambograndinos condenamos los hechos de violencia producidos, deplorando los daños físicos sufridos por la población y los miembros de la Policía, así como los daños materiales ocasionados.
4.- Saludamos la actuación mesurada de las fuerzas policiales que contribuyeron a que no hubiera víctimas graves ni muertes que lamentar.
5.- Invocamos al Gobierno Central a asumir sus responsabilidades y resolver esta grave situación, observando escrupulosamente los derechos fundamentales de la población.
6.- Instamos al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar en estricta observancia del debido proceso en su labor en torno a los hechos producidos.
Lima, 5 de marzo del 2001.