PREOCUPACIÓN POR DECISIÓN DE REABRIR EL TEMA EN EL CONGRESO
La aprobación por parte el gobierno de Valentín Paniagua del Decreto Supremo que crea la Comisión de la Verdad es para los organismos de derechos humanos una noticia de excepcional importancia. Queremos felicitar al presidente y su gabinete por la decisión tomada y expresar nuestro compromiso de colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que el trabajo de esta comisión contribuya significativamente al esfuerzo por comprender la verdadera naturaleza de la tragedia que experimentamos en los años de violencia y que, sobre esa base, contribuya a crear sólidos cimientos para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia.
Queremos asimismo expresar nuestro desacuerdo con la decisión del Congreso de poner en agenda del pleno para su discusión el tema de la Comisión de la Verdad. No dudamos de que las motivaciones de los autores de la iniciativa sean loables y no queremos entrar aquí a discutir el contenido mismo de la propuesta de ley que ha sido remitida a discusión (la que contiene diversos puntos con los que no necesariamente concordamos); tampoco queremos, solamente, expresar nuestra preocupación por la oportunidad de hacer este debate en este momento.
Ha sido muy difícil arribar a un consenso entre los diferentes sectores del Estado y de la sociedad civil sobre los términos exactos en que debe plantearse la Comisión de la Verdad: por tanto, reabrir la discusión y someterla a correlación de fuerzas del actual Congreso – de salida y con discutible legitimidad- puede terminar siendo contraproducente para los propósitos que se buscan. Más todavía, cuando hay fuerzas políticas al interior del Congreso saliente, que han expresado abiertamente su disconformidad con esta iniciativa, por razones fáciles de imaginar. Dado que el objetivo expreso de los autores del proyecto de ley es fortalecer la decisión del gobierno transitorio dándole fuerza de ley a la Comisión de la Verdad , les pedimos esperar a que la Comisión ya esté conformada y que sean los propios comisionados, los que le planteen al próximo Congreso en que aspectos – de ser necesario- esta iniciativa puede ser eventualmente fortalecida.
Lima, 7 de junio del 2001