Comunicados 2002

¿Acaso no sería perjudicial para el país que el Congreso interfiera con la autonomía del Poder Judicial?

Si el Congreso aprueba una amnistía para quienes intervinieron en el operativo militar “Chavín de Huántar”, impedirá que se investiguen por la vía judicial los hechos ocurridos luego de la operación y que ya son de conocimiento público:

a) Diversos testimonios que coinciden en que hubieron terroristas sobrevivientes.

b) Evidencia forense sobre un mismo patrón compatible con el de ejecuciones extrajudiciales, hasta en ocho cadáveres de los emerretistas.

c) La concurrencia entre los testimonios, las trayectorias de impacto de bala y los lugares donde yacían los cuerpos.
También se sabe que, pese a la reiterada solicitud del Fiscal, no se ha entregado hasta el momento información sobre el plan de operaciones y el parte de guerra, ni el material de audio y video de la operación.
Y se sabe además, que la amnistía no se otorga a las personas, sino por hechos. Y en los hechos que son materia de investigación judicial están incluidos los señores Montesinos, Hermosa Ríos y Huamán Azcurra.

¿Se debe confundir el cumplimiento del deber con el acatamiento de órdenes criminales? ¿Qué efectos tendría para el país que un acto valeroso se confunda con un asesinato a sangre fría?

Los militares que intervinieron en el develamiento del aberrante secuestro que perpetró el MRTA, cumplieron su deber. Al hacerlo, devolvieron la tranquilidad al país y obtuvieron el reconocimiento de toda la ciudadanía y del extranjero. La acción, en la que se perdieron vidas, fue inobjetable en términos militares y, sin duda, demandó arrojo y coraje de los militares que intervinieron en ella. Sólo cabe destacar su entrega y su sacrificio.

Pero el proceso que se ha iniciado contra un reducido número de más de un centenar de comandos que participaron en la operación, es para determinar si, concluida la exitosa operación militar, hubo elementos que acataron la orden de ajusticiar a terroristas sobrevivientes, pues no es deber militar obedecer órdenes indebidas.Y para determinar también si, al término del combate y cuando algunos terroristas sobrevivientes yacían rendidos, hubo elementos que les descerrajaron tiros de gracia actuando como vulgares asesinos.

Los proyectos de ley que se han presentado buscan impedir que a través de un juicio justo se determine si existen responsabilidades penales. Nos piden olvidar que el acatamiento de órdenes criminales merece sanción. Nos piden olvidar que las ejecuciones extrajudiciales constituyen un acto punible y no una función militar.
Al pretender una amnistía sin que se haya demostrado la culpabilidad de los procesados en un juicio, echan, además, un manto de sombra sobre la rectitud de los encausados.
El Congreso de la República tiene la responsabilidad de rechazar esos proyectos de ley y evitar que la ciudadanía reciba el mensaje de que todavía se interfiere la justicia, de que un acto criminal y cobarde puede caracterizarse como heroico dependiendo de quien sea la víctima; y de que los militares no sólo deben cumplir con las funciones que les encomienda la Constitución, sino que están facultados a hacer cualquier otra cosa.

¿Acaso no tendría un impacto devastador decirle a los peruanos y al mundo que todo lo actuado fue un error y que le conviene al país volver al pasado antidemocrático?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en la sentencia dictada en el caso Barrios Altos, que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía …que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias”, ya que el hacerlo “constituye per se una violación (de la Convención Americana) y genera responsabilidad del Estado”.

La búsqueda de impunidad determinó muchos de los actos de gobierno durante la década de los 90. Ese afán no sólo destruyó las instituciones democráticas del país sino que nos distanció de la comunidad internacional.
La transición democrática abrió la posibilidad de restablecer la fe en la justicia, inició la lenta reconstrucción de las instituciones democráticas observando la independencia de los poderes del Estado y restituyó el respeto a las obligaciones que hemos contraído internacionalmente. En ese curso, y con el compromiso de todos, se inició también la búsqueda de la verdad y la justicia para alcanzar la reconciliación nacional.
Las propuestas elevadas al Congreso para aprobar una nueva ley de impunidad están en abierta contradicción con un proceso de transición a la democracia que ha traído beneficios para el país.

Señores y señoras congresistas: ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de no desnaturalizar un proceso que tanto sacrificio ha costado a tantos peruanos y en el cual están cifradas tantas expectativas. Sólo tienen que cumplir con su deber de respetar el Estado de Derecho.

Lima, 17 de mayo de 2002