La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace pública su preocupación respecto de la situación de la administración de justicia en el país, tema que ha sido constantemente llevado a debate por nuestras organizaciones, y que podría actuar en perjuicio de un verdadero y exitoso proceso de transición democrática.
Aquí algunos puntos que merecen la atención de toda la ciudadanía, en particular de las autoridades responsables de garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos:
· Es necesario dotar con recursos financieros y técnicos a la Fiscalía Ad Hoc que investiga los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre los años 1980 a 1990, para asegurar eficiencia y celeridad del trabajo de ésta fiscalía. Hasta el momento el Estado no facilita los recursos necesarios para garantizar las investigaciones requeridas.
· Es desconcertante encontrar en las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura la ratificación de algunos magistrados que han sido vinculados al régimen fujimorista, así como la no ratificación de otros, cuya trayectoria se reconoce como transparente y sujeta a la protección de los Derechos Humanos. Hay serios cuestionamientos sobre las razones de fondo de las decisiones del CNM, el que ha emitido sus resoluciones sin mayores argumentaciones. De ahí que consideremos positiva la reciente aprobación por el pleno del Congreso de la ley que obliga al CNM a fundamentar sus decisiones en estos casos.
· Todas las violaciones a los Derechos Humanos deben ser tratadas por tribunales civiles, aún si fueron cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Necesitamos procesos imparciales e independientes que no permitan ningún tipo de impunidad. Por ello nos preocupa la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar de disponer la revisión de las sentencias a ex miembros del Servicio de Inteligencia Nacional que fueron condenados por encontrárseles responsables de la tortura de Leonor La Rosa. A esto se suma la resolución emitida por la Corte Suprema que decidió que un grupo de los procesados por el caso “Chavín de Huantar” sean juzgados por el fuero militar.
· Es necesario modificar sustancialmente la Legislación Antiterrorista que vicia los procesos judiciales adecuándola a los estándares internacionales, así como a las recomendaciones y resoluciones dadas por el Sistema Interamericano y Universal de Naciones Unidas. Los delitos contemplados en esta legislación deben ser debidamente incorporados en el Código Penal, subordinándolos a los principios generales del mismo. Este tema ha sido advertido por los organismos de Derechos Humanos desde 1992.
Octubre 2002