La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como organismo defensor de los derechos Humanos, deplora la contratación de los servicios profesionales del abogado Sergio Carlos Tapia Tapia, para la defensa, asesoría y patrocinio de personal de la Marina de Guerra del Perú involucrado en las investigaciones del Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado y otros en agravio de Nolberto Durand Ugarte y otros en el penal El Frontón en 1986.
Nos causa extrañeza que el Ministerio de Defensa apruebe utilizar los recursos del Estado, de todos los peruanos en la contratación de un abogado privado para la defensa en el fuero común de acusados por violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta que el Sistema de Administración de Justicia posee numerosos abogados de oficio que podrían desempeñar la defensa de agentes del Estado.
Además rechazamos la contratación con recursos públicos del señor Sergio Tapia, pues tiene un conocido récord como defensor de violadores de los derechos humanos durante el régimen fujimorista. Como jefe de la delegación peruana ante la CIDH, defendió al Estado en las demandas presentadas por el general EP (r) Rodolfo Robles Espinoza, la torturada ex agente de inteligencia Leonor La Rosa Bustamante y el propietario de Frecuencia Latina Baruch Ivcher Bronstein.
En 1996, Tapia defendió al régimen fujimontesinista señalando que el ex general Robles era “un mentiroso, traidor y que nunca había sido plagiado por los agentes que lo interceptaron a pocos metros de su vivienda en Lince”. Ahora está probado que fueron agentes del SIN que intentaron secuestrar al general que denunció la existencia del grupo Colina.
Si bien respetamos el derecho al libre patrocinio nos reafirmamos en nuestra exigencia de que este debe ser ejercido de forma ética en función de la verdad y aportando al esclarecimiento de los hechos.
Un año después, Sergio Tapia y el abogado Mario Cavagnaro sustentaron que Leonor La Rosa nunca fue torturada. En 1998 se desempeño como agente alterno del Perú, durante el caso del empresario televisivo Baruch Ivcher, justificó el retiro de su nacionalidad peruana y su condición de reo contumaz.
En 1986 durante el gobierno aprista, fue abogado del Estado peruano, en el caso de los desaparecidos durante la masacre ocurrida en El Frontón.
Por estas razones exigimos que el Estado Peruano deje sin efecto la contratación del señor Sergio Tapia Tapia en este caso.