La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, invoca a las autoridades del Gobierno Central la pronta solución del paro indefinido convocado desde hace once días por los cocaleros de la zona de Aguaytía, Ucayacali; en rechazo a la política de erradicación de sus cultivos y por el incumplimiento de los acuerdos adoptados en la Mesa de Diálogo entre el gobierno y los agricultores.
Venimos realizando un seguimiento y evaluación de los hechos ocurridos basado en los informes proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos – Alto Huallaga, organismo parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que da cuenta de que autoridades locales estarían siendo presionadas para distanciarse de los hechos que vienen sucediendo en su zona.
Asimismo nos causa profunda preocupación que se estaría contemplando la declaración del Estado de Emergencia en las zonas donde se viene manifestando la población, mucho mas aún cuando sabemos que se encuentran acantonados comandos de las Fuerzas Armadas esperando órdenes para reprimir las manifestaciones lo cual agravaría la situación. Como bien sabemos este tipo de escenarios han sido propicios para la violación de derechos humanos.
Por otro lado sabemos que la población está temerosa de que la respuesta del Estado constituya una amenaza para su seguridad, por cuanto Sendero Luminoso tendría un espacio para seguir accionando bajo el pretexto de solidaridad con los campesinos.
Adicionalmente el bloqueo de caminos está llevando a la desesperación a la gente puesto que esto impide el transporte de sus productos agrarios, su principal fuente de sustento. Ante el agravamiento de la situación en las próximas horas, se conoce que unos 30 mil cocaleros se proponen realizar una marcha de sacrificio hacia Lima, para pedir al Gobierno Central la solución a su pliego de reclamos.
Apoyamos la propuesta de mediación del Obispo de Chimbote y ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Luis Bambarén y de otras autoridades y congresistas.
Rechazamos la posición del gobierno de descalificar y desvirtuar la protesta de los cocaleros argumentando que se encuentren involucrados el narcotráfico y el terrorismo, de ser cierta esta denuncia debe investigarse, sin que esto deslegitime y recorte el derecho ciudadano a manifestarse.
Por último, demandamos el cese de toda forma de violencia por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas y de algunos grupos de manifestantes en las zonas de conflicto. Esta violencia hasta el momento, ha dejado un saldo lamentable de un muerto y un número considerable de heridos.
Por estos hechos instamos al gobierno para que implemente una salida pacífica y de diálogo al conflicto.
28/02/03