ANTE EL MENSAJE DEL 28 DE JULIO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invoca al Presidente de la República a abordar en el Mensaje a la Nación, del 28 de julio próximo, la situación de derechos humanos en el Perú de manera sustancial. Concretamente le plantea respetuosamente dar respuesta a los siguientes puntos cuya gravedad no admite demora:
– El caso Putis
Recientemente se han exhumado los cuerpos de decenas de campesinos masacrados en dicha comunidad de Ayacucho en el año 1984. La fiscalía ha solicitado al Ministerio de Defensa la relación de militares que estuvieron en servicio en aquella zona y aquel año, sin obtener respuesta satisfactoria. ¿El gobierno corregirá esta negativa y colaborará con la administración de justicia para esclarecer este caso, así como los muchos otros casos en situación de investigación preliminar o en proceso judicial?
– Registro Único de Víctimas
Cinco años después de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la elaboración del Registro Único de Víctimas no puede avanzar, y actualmente se encuentra estancada, por falta de presupuesto. Asimismo el Consejo de Reparaciones carece de recursos para funcionar normalmente. ¿El gobierno corregirá esta anomalía y destinará el presupuesto necesario para progresar en este aspecto tan importante de las recomendaciones de la CVR?
– Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Perú se obligó a constituir el correspondiente Mecanismo Nacional de Prevención. Los plazos para hacerlo se han vencido. ¿El gobierno enmendará el retraso y dará el lugar que corresponde a la sociedad civil en el mecanismo que se constituya?
– Consejo Nacional de Derechos Humanos
En el mes de abril, los organismos no estatales que formaban parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos fueron excluidos arbitrariamente de este organismo, en el cual tenían la condición de observadores. ¿Restituirá finalmente el gobierno tal status, tal como lo anunció el Ministerio de Justicia, sin cumplir hasta el momento, para que la sociedad civil tenga una voz en el organismo encargado de monitorear la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos?
– El caso Putis
Recientemente se han exhumado los cuerpos de decenas de campesinos masacrados en dicha comunidad de Ayacucho en el año 1984. La fiscalía ha solicitado al Ministerio de Defensa la relación de militares que estuvieron en servicio en aquella zona y aquel año, sin obtener respuesta satisfactoria. ¿El gobierno corregirá esta negativa y colaborará con la administración de justicia para esclarecer este caso, así como los muchos otros casos en situación de investigación preliminar o en proceso judicial?
– Registro Único de Víctimas
Cinco años después de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la elaboración del Registro Único de Víctimas no puede avanzar, y actualmente se encuentra estancada, por falta de presupuesto. Asimismo el Consejo de Reparaciones carece de recursos para funcionar normalmente. ¿El gobierno corregirá esta anomalía y destinará el presupuesto necesario para progresar en este aspecto tan importante de las recomendaciones de la CVR?
– Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Perú se obligó a constituir el correspondiente Mecanismo Nacional de Prevención. Los plazos para hacerlo se han vencido. ¿El gobierno enmendará el retraso y dará el lugar que corresponde a la sociedad civil en el mecanismo que se constituya?
– Consejo Nacional de Derechos Humanos
En el mes de abril, los organismos no estatales que formaban parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos fueron excluidos arbitrariamente de este organismo, en el cual tenían la condición de observadores. ¿Restituirá finalmente el gobierno tal status, tal como lo anunció el Ministerio de Justicia, sin cumplir hasta el momento, para que la sociedad civil tenga una voz en el organismo encargado de monitorear la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos?
– Decretos legislativos y comunidades
En el marco de las atribuciones dadas por el congreso de la República para legislar en torno al TLC, se han aprobado varios decretos legislativos que ponen en riesgo la propiedad, la permanencia y las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas en el país. ¿Escuchará el señor Presidente las múltiples voces que se han levantado a lo largo y ancho del país sobre las implicancias negativas de estos decretos para las comunidades?
La CNDDHH espera respuestas sobre estas cuestiones álgidas, cuya absolución demostraría una voluntad positiva de parte del gobierno en el ámbito de los derechos humanos.
En el marco de las atribuciones dadas por el congreso de la República para legislar en torno al TLC, se han aprobado varios decretos legislativos que ponen en riesgo la propiedad, la permanencia y las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas en el país. ¿Escuchará el señor Presidente las múltiples voces que se han levantado a lo largo y ancho del país sobre las implicancias negativas de estos decretos para las comunidades?
La CNDDHH espera respuestas sobre estas cuestiones álgidas, cuya absolución demostraría una voluntad positiva de parte del gobierno en el ámbito de los derechos humanos.
Lima, 25 de julio de 2008
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos