FRENTE A LAS AMENAZAS A LA JUSTICIA
Y LA INDIFERENCIA ESTATAL
En los últimos días ha adquirido notoriedad pública el caso de la Fiscal Luz Loayza, funcionaria que se ha visto amenazada en sucesivas ocasiones a causa de su trabajo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Resulta inquietante que sea la máxima autoridad en la materia, la Junta de Fiscales Supremos y en particular la Fiscal de la Nación, quienes insistan en su traslado a una de las zonas más desprotegidas del país.
Dicho caso grafica la preocupante situación de vulnerabilidad en la que, de manera similar al caso de la Fiscal Loayza, se encuentran testigos, víctimas, agraviados y defensores ligados a casos de graves violaciones a los derechos humanos, ya que sólo en el 2007 se han reportado 53 casos de amenazas a éstos.
Teniendo en cuenta ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invoca a las autoridades y la opinión pública en general a prestar atención a dicha problemática, recordando que es deber del Estado otorgar una protección específica al derecho a la vida e integridad de todos los implicados en los casos judicializables de derechos humanos, siguiendo la recomendación que en tal sentido diera de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En ese sentido, instamos a las autoridades competentes -especialmente al Ministerio Público y al Poder Judicial -a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar condiciones mínimas de seguridad e integridad a todas las personas implicadas en procesos judiciales en los que su integridad se haya visto amenazada, especialmente en aquellos casos ligados a las vulneraciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado al Congreso de la República para que apruebe con urgencia una ley que permita la creación de un Sistema estatal de protección de jueces, fiscales, testigos, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y abogados que los defienden, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad y fortalecer el Estado de derecho en el país.
Lima 10 febrero 2008
Consejo Directivo Nacional