1. Asumir una agenda para la inclusión social.
El debido respeto a los derechos humanos requiere el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y los componentes y elementos esenciales de la democracia para lo cual es imprescindible que el Estado cumpla el Plan Nacional de Derechos Humanos e invierta eficientemente sus recursos y concentre sus esfuerzos para abordar de inmediato y con eficacia la siguiente agenda para la inclusión
social:
• Garantizar el acceso universal y oportuno a la identidad civil (especialmente de la niñez y de las mujeres).
• Brindar atención prioritaria a la primera infancia y erradicar la desnutrición infantil.
• Cumplir el compromiso de implementar el Proyecto Educativo Nacional, desterrar el analfabetismo y ofrecer educación bilingüe, intercultural y de calidad.
• Garantizar el aseguramiento universal en salud.
• Adoptar una política de seguridad alimentaria.
• Promover y asegurar el empleo decente.
• Asegurar el acceso a la justicia, la protección de la ley contra la impunidad y la independencia judicial.
• Garantizar la seguridad ciudana.
• Reconocer y respetar la afirmación de todas las identidades e impedir cualquier forma de discriminación y exclusión.
• Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación pública y asegurar el acceso a la información en poder del Estado.
• Incentivar la participación ciudadana garantizando a la ciudadanía información oportuna para atender sus demandas.
• Afianzar el proceso de descentralización.
• Adoptar las políticas necesarias para combatir integralmente la corrupción.
• Garantizar la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres.
• Ratificar e implementar los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Debe corregirse el ostensible atraso en asumir las reformas institucionales recomendadas. Asimismo, debe terminarse con las demoras y obstáculos existentes en la judicialización de los casos presentados por la CVR. Los avances en el ámbito de las reparaciones deben consolidarse con el Registro Único de Víctimas y abarcar a las víctimas individuales, como ha sido el compromiso público del Presidente
García.
El juzgamiento del ex Presidente Alberto Fujimori, que ocurre en el marco de un debido proceso, debe desarrollarse sin interferencias políticas a fin de que, quien abusó del poder, sea sancionado con todo el peso de la ley. Los demócratas y defensores de derechos humanos demandamos de las autoridades la responsabilidad de promover una cultura de derechos que revierta el sentimiento de que el fin justifica los medios y rechace la impunidad.
El Estado responde por los actos de sus funcionarios realizados al amparo de su carácter oficial y estos tienen el deber de observar respeto por las opiniones independientes y las manifestaciones críticas. En tal sentido rechazamos las reiteradas expresiones de violencia verbal, de intolerancia y de acoso provenientes especialmente del Ejecutivo, así como el abuso en la represión policial y la pretensión de criminalizar la protesta social. Demandamos la revisión de la actuación de los funcionarios públicos y de las normas emitidas al amparo de las facultades delegadas, en el marco del pleno respeto al Estado Constitucional de Derecho.