Comunicados 2007

1. Que respete el trabajo que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos en el Perú,

2. Que garantice que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin interferencias de ninguna naturaleza

3. Que afirme públicamente la legitimidad de su trabajo, dado que éste es esencial para una sociedad democrática, como lo han señalado tanto el Secretario General de la OEA como los órganos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas.

4. Que le exprese al Estado peruano preocupación por la aprobación de la Ley 28925 de 8 de diciembre de 2006, que desconoce los derechos de asociación y de libertad de expresión protegidos por la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta ley desconoce igualmente las recomendaciones formuladas por esta Comisión a todos los Estados de la OEA en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, en especial, las recomendaciones 16, 17, y 19, sobre la inscripción de las organizaciones en los registros públicos sin afectar su libre funcionamiento; el deber de abstenerse de usar lenguaje vago e impreciso en las legislaciones sobre registro de ONGs; y el deber de no restringir los medios de financiación y el acceso a fondos de cooperación internacional.

5. Que le solicite al Estado peruano información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras en las Américas.

 

6. Que le solicite al Estado peruano dejar sin efecto la Ley 28925

7. Reiteramos nuestra petición, en el sentido que el Estado reforme la legislación sobre el sistema de protección, de manera que en casos de violaciones de derechos humanos se incluya protección para víctimas, testigos, peritos y colaboradores, así como para los defensores y las defensoras de derechos humanos.

8. Que investigue de manera seria, imparcial e independiente las numerosas denuncias de amenazas y agresiones contra los defensores y las defensoras de derechos humanos, en especial, aquellas que han sido puestas en conocimiento de la CIDH.