Comunicados 2007

(i)      El penal de Challapalca se encuentra ubicado en el departamento de Tacna a una altura de 4600 metros sobre el nivel del mar, en una zona alejada de los centros poblados y de muy difícil acceso, donde la temperatura promedio en el día oscila entre los 8º y 9º grados centígrados y por la noche desciende considerablemente hasta alcanzar los menos 20º grados centígrados, con permanente viento helado que agudiza y empeora los efectos de la altura.

(ii)      Dadas estas durísimas condiciones geográficas y climáticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe especial sobre la situación de los derechos humanos en la cárcel de Challapalca (año 2003), constató in situ las condiciones inhumanas para la reclusión y tratamiento de las personas privadas de su libertad, las dificultades existentes para la realización de visitas por parte de los familiares y las pésimas condiciones de trabajo que debe soportar el personal del INPE que debe desempeñar ahí sus funciones[1]. Por lo demás, no debemos olvidar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), considerando las penosas condiciones de reclusión que sufrieron las personas detenidas en dicho penal, expresamente recomendó el cierre y clausura definitiva del mismo como un acto de reparación simbólica[2].

(iii)      Por estas consideraciones, rechazamos tajantemente esta iniciativa del jefe del INPE y, como tal, invocamos al gobierno central a compatibilizar su política penitenciaria con las exigencias de una sociedad democrática que tiene como piedra angular la defensa y promoción de los derechos humanos. La solución a los problemas derivados de las condiciones infrahumanas de reclusión que, en general, existen en las cárceles peruanas (sobrepoblación penal, falta de seguridad, etc.), no pasa por reabrir establecimientos penitenciarios que precisamente fueron clausurados por no reunir las condiciones humanitarias mínimas.

(iv)      Por último, lamentamos que el presente gobierno insista en adoptar medidas que abiertamente transgreden los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (pena de muerte, Ley APCI, etc.).