Comunicados 2006

1. Este proyecto de Ley es inconstitucional porque las libertades de contratación y de asociación, previstas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, garantizan que no se condicione la posibilidad de contratar recursos de cooperación internacional o el ejercicio de los fines institucionales de cualquier ONG, a la inscripción previa en un registro gubernamental y/o a la concordancia con las políticas públicas aprobadas por el Gobierno Central. 

 

2. Las disposiciones introducidas por este Proyecto de Ley, pondrán más trabas a la cooperación internacional y desalentarán dicha inversión, con los efectos perjudiciales que ello traería para el desarrollo nacional. Incluso, las Agencias de Cooperación Internacional agrupadas en la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), han expresado su desacuerdo con esta propuesta legislativa advirtiendo las consecuencias negativas de la misma a través de un pronunciamiento de fecha 26 de octubre de 2006.

 

3. El Proyecto de Ley en cuestión, además de ir contra los derechos fundamentales, genera el riesgo de que las nuevas atribuciones de la APCI se utilicen en contra de posibles posiciones discrepantes de las ONGs en diversos temas de interés nacional.

 

4. Las ONGs hemos contribuido desde hace muchos años y desde diferentes campos al desarrollo nacional. Incluso, nuestras acciones han venido a llenar la carencia de servicios básicos en diversas zonas del país, beneficiando de esta forma a muchos compatriotas. Además, es necesario resaltar que ya nos encontramos sujetas a múltiples mecanismos de control y fiscalización tanto estatal (SUNAT, Ministerio de Trabajo, Municipalidades, etc.) como no estatal (auditorias y evaluaciones rigurosas realizadas por los propios donantes) que garantizan la transparencia y legalidad de nuestras actividades.