No a la pena de muerte
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a la posición del gobierno de ampliar las causales de pena de muerte para los violadores de menores de edad, mediante una reforma constitucional e incluso un posible referéndum, manifiesta lo siguiente:
1.- Está demostrado que la pena de muerte no disuade a los criminales que cometen estos delitos. Con una medida así no se resuelve el problema de los violadores de menores y, por el contrario, probablemente quienes lo hagan traten de eliminar a su víctima en un intento de evitar su identificación.
2.- En la situación en que se encuentra nuestro sistema de administración de justicia la posibilidad de error judicial es muy alta y las consecuencias en el caso de la pena de muerte serían irreparables.
3.- La pena de muerte no ataca las causas del problema, se limita a responder a las consecuencias del mismo. En este sentido es una medida reactiva equivocada puntual en cada caso que se cometa y que no atiende el problema en su integralidad. Por ello, el Estado debe contar con estrategias de prevención que involucren a sus instituciones y la participación ciudadana.
4.- Los violadores de menores con secuela de muerte tienen como pena la cadena perpetua, la que además no cuenta con beneficios penitenciarios. Por lo tanto, ¿qué peligro puede significar una persona que ya no gozará de libertad?
5.- Ampliar las causales de pena de muerte, mas allá de la traición a la patria, implicaría denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y dejar de ser parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto dejaría a los peruanos y peruanas sin un mecanismo internacional fundamental de protección de sus derechos en caso el Estado los viole. También colocaría al Perú en una posición de paria en la comunidad internacional.
6.- Nos solidarizamos plenamente con el dolor de los familiares de las víctimas que han sufrido esta atroces violaciones y comprendemos su indignación. Pero afirmamos que para que estas violaciones cesen, la pena de muerte no es la solución. Demandaremos la aplicación de la legislación vigente así como la implementación de políticas públicas que las prevengan.
7.- Hacemos un llamado especial a los congresistas a analizar profunda y serenamente las implicancias jurídicas y la repercusiones internacionales de ampliar las causales de la pena capital.
09 de agosto 2006.