Víctima de tortura amenazada de muerte
requiere protección del MININTER
– El 9 de agosto la Sra. Pamela Huaringa fue nuevamente amenazada telefónicamente de muerte por personas desconocidas. Testigo de este hecho es el custodio que constantemente la acompaña. Cabe señalar que debido a las constantes amenazas y actos intimidatorios en su agravio, ocurridos desde junio del 2005, y al secuestro que sufriera el 22 de noviembre del 2005, en la actualidad cuenta con protección policial.
– La Sra. Pamela Huaringa es testigo en el proceso que por delito de tortura agravada con secuela de muerte se sigue al Mayor PNP Roberto Flavio Vásquez Burga y los Suboficiales PNP Walter Willy Ochoa Magallanes y Armando Agustín Mario Valencia Castro en agravio de su hermano Ricardo Huaringa Félix, proceso que se ventila ante la Sala Penal Nacional de Lima (Exp. Nº 62-05).
– Los procesados Roberto Flavio Vásquez Burga y Walter Willy Ochoa Magallanes se encuentran libres desde hace dos semanas, pues la Sala Penal Nacional ordenó su excarcelación por exceso en el plazo de detención. Coincidentemente, estos actos intimidatorios y amenazas ocurren luego de que los procesados recobraran su libertad.
– Estas últimas amenazas han mellado la salud de la Sra. Huaringa, quien tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital de los Olivos.
– Solicitamos que el Ministerio del Interior, a cargo de la Dra. Pilar Mazzetti, tome medidas necesarias urgentes salvaguardar la integridad física y mental de la señora Huaringa, especialmente:
o. Patrullaje preventivo en las inmediaciones del domicilio de la Sra. Huaringa.o. Advertir por intermedio de sus superiores jerárquicos, a los efectivos Roberto Flavio Vásquez Burga, Walter Willy Ochoa Magallanes y Armando Agustín Mario Valencia Castro, procesados por el delito de tortura y presuntos responsables de los actos intimidatorios, de estas últimas acciones ocurridas en agravio de Pamela Huaringa.o. Reforzar la seguridad que se le brinda y tomar las medidas necesarias que requiera el caso.o. Realizar las investigaciones que sean necesarias, para determinar las responsabilidades que hubiere.
– Es alarmante constatar que desde enero de 2005 hasta la fecha se han registrado 101 incidentes de amenazas y acciones intimidatorias contra operadores del sistema de administración de justicia (jueces, fiscales, médicos legistas), víctimas, testigos y defensores de derechos humanos, sin que éstos hechos hayan sido esclarecidos por las autoridades competentes. Por ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario contar con un sistema eficaz que proteja realmente a las personas que son objeto de amenazas.
Lima, 17 agosto de 2006