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Los candidatos y candidatas presidenciales que suscribimos este documento lo hacemos inspirados en la defensa y promoción de los derechos humanos, comprometiéndonos a:
 1. Garantizar el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos, asumiéndolos como marco fundamental para la consolidación de la democracia y para acabar con la pobreza y la exclusión, situaciones que limitan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
2. Implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, con la activa participación de todos los sectores del Estado y la sociedad civil, asignando los recursos necesarios y priorizando las políticas públicas referidas a educación, salud y trabajo.
3. Adoptar una política de Estado que implemente las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, priorizando las referidas a reformas institucionales -relacionadas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, relación Estado y sociedad civil, educación y sistema de administración de justicia- y el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, fortaleciendo la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), como ente ejecutor autónomo, eficiente y dotándola de los recursos necesarios.
4. Fortalecer el sub sistema especializado de justicia encargado de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, cometidos por las fuerzas del orden y las organizaciones terroristas, tal como lo recomienda la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Asignar los recursos necesarios para: constitución de nuevos juzgados y fiscalías, capacitación de operadores de justicia, dedicación exclusiva y titularidad de los magistrados, medidas de protección de magistrados, fiscales, testigos, víctimas y defensores de derechos humanos. Asegurar la entrega de información del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior solicitada por los magistrados.
5. No apoyar amnistías, indultos, derechos de gracia, o el uso de cualquier otro mecanismo que ilegal o inconstitucionalmente pretenda consagrar la impunidad de las violaciones de derechos humanos. 6. Garantizar la consolidación del proceso de descentralización como un elemento clave para el desarrollo del país, implementando la transferencia efectiva de competencias, personal y recursos de inversión a los gobiernos regionales y locales que permitan políticas de equidad, mediante planes de capacitación y fortalecimiento institucional.
7. Impulsar una reforma integral del sistema de administración de justicia que la haga accesible, confiable, predecible, rápida, oportuna y otorgue seguridad jurídica. Lo que requiere, además, que se promueva una reforma constitucional para que la Corte Suprema enfoque sus labores exclusivamente en sus responsabilidades jurisdiccionales.
8. Apoyar el fortalecimiento de un sistema anticorrupción que permita prevenir, investigar y sancionar estos actos.
9. Adoptar medidas efectivas para revisar e implementar políticas públicas que acaben con las distintas formas de discriminación de las que son objeto los pueblos indígenas, afro descendientes, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas, los adolescentes, las personas con orientación sexual distinta, así como los peruanos y peruanas en el extranjero.
10. Mantener, en relación con la Corte Penal Internacional, la firme decisión de rechazar acuerdos bilaterales de inmunidad con los EE.UU. Y cumplir todas las recomendaciones y resoluciones emitidas por los sistemas de protección, Universal y Regional, de derechos humanos, contribuyendo además a su fortalecimiento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exhorta a todos los candidatos y candidatas a suscribir este compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos. Haremos llegar cartas de compromiso a todas las fuerzas políticas que se presentan a la contienda electoral y estaremos atentos y daremos a conocer sus respuestas.
Enero 2006
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