CASO LOS LAURELES NO DEBE QUEDAR IMPUNE
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profundo malestar y firme rechazo al archivamiento de la denuncia penal contra efectivos militares del Batallón Contrasubversivo 313, de Tingo María, por la desaparición forzada de tres pobladores en 1990.
El caso, conocido como “Los Laureles”, fue archivado por el Juez Carlos Gonzales Ortiz, quien declaró fundadas las excepciones por prescripción, cosa juzgada y naturaleza de acción presentada por los denunciados.
“Hay evidencias de que este juez resolvió irregularmente distintos recursos legales para favorecer a los militares inculpados, pues aunque la sentencia tiene fecha del 14 de marzo, una de las solicitudes presentadas por los acusados se presentó cuatro días después”, sostiene Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH. “Hemos apelado la resolución, y presentado una queja contra el magistrado por las irregularidades cometidas” añadió.
En cuanto a la excepción por prescripción presentada por los acusados, Álvarez explicó que si bien el proceso contra algunos de los inculpados en 1991 por el delito de secuestro, terminó con la prescripción de los hechos, ahora se les está procesando por desaparición forzada: “Según sentencia del Tribunal Constitucional, por tratarse de un delito continuado y de lesa humanidad la prescripción no procede”, enfatizó.
“Los Laureles” es uno de los 47 casos presentados ante el Ministerio Público por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con testimonios de testigos y pruebas del secuestro y desaparición de Esaú Cajas Julca, Samuel Reynaldo Ramos, y Jesús Liceti Mego.
Según el informe de la CVR, la Región Nororiental registró la desaparición y muerte de 3.725 personas. Entre 1989 y 1994 se realizaron operativos militares como “Venenillo”, “Cuchara”, “Paraíso” y “Aries”, que se caracterizaron graves violaciones a los derechos humanos.
La CNDDHH no cesará en su esfuerzo para que este caso no quede impune. En esta perspectiva, solicitamos se anule la resolución de archivamiento emitida por el juez Gonzales y se tomen las medidas pertinentes en torno a la decisión de dicho magistrado.
16 de junio de 2006.