LA REFORMA DE LA JUSTICIA MILITAR
NO DEBE CONSAGRAR LA IMPUNIDAD
NO DEBE CONSAGRAR LA IMPUNIDAD
Ante el Dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de la República el miércoles 07 de setiembre la Coordinadora Nacional de derechos Humanos considera indispensable emitir el siguiente pronunciamiento:
El proceso de transición democrática impuso la necesidad de reformar la justicia militar y garantizar el juzgamiento de los crímenes contra los DDHH en el Poder Judicial. En ello, están de acuerdo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de DDHH, la Defensoría del Pueblo y la propia Corte Suprema de Justicia.
Lejos de impulsar este proceso de reforma y adecuación institucional al Estado de Derecho, hoy, el Congreso de la República viene cediendo terreno ante la estrategia política desarrollada por la FFAA ante la falta de definición del Poder Ejecutivo, que lo único que busca es la recuperación de espacios de poder y el mantenimiento de un modelo de justicia militar inconstitucional.
Esta estrategia se evidencia, principalmente en cuatro aspectos:
Primero: a través de la aprobación de un dictamen sobre organización de la justicia militar en la Comisión de Defensa, en el que se distorsiona en gran parte la resolución del Tribunal Constitucional, al crear una sala suprema penal militar policial con mayoría castrense y con pliego presupuestal propio, pero se sigue manteniendo la estructura actual de la Justicia Militar en los niveles inferiores. Asimismo, por la imprecisión de la definición sobre delito de función contenido en dicho proyecto ley, que abre la posibilidad que la justicia militar vuelva a procesar a militares por violaciones contra los DDHH y dejarlos impunes.
Segundo: por medio de otro proyecto de ley de la Comisión de Defensa se propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que éste elabore el nuevo código de justicia militar en el que se contemplen los nuevos delitos de función, siendo esta responsabilidad del Poder Legislativo.
Tercero: esta situación se agudiza por el hecho de que la Justicia Militar está abocada a iniciar procesos judiciales paralelos a militares acusados de violaciones contra los DDHH, en un evidente intento por sustraerlos de la justicia ordinaria.
Cuarto: a ello se suma, la actitud del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, al incumplir las decisiones del Poder Judicial para la entrega de información y la ejecución de las órdenes de detención dictadas en los procesos judiciales por violaciones contra DDHH en los que se encuentran comprendidos miembros de la FFAA y de la PNP.
Si esta estrategia se consolida corremos el grave riesgo, no sólo de sepultar el proceso de reforma institucional de la justicia, sino que se vuelvan a repetir los nefastos hechos de nuestro pasado reciente y se consagre la impunidad.
Por ello, demandamos al Congreso de la República, responsable político del proceso de reforma de justicia militar y al Poder Ejecutivo tomar las acciones del caso y no sepultar con su actitud el mismo. Asimismo exhortamos a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, partidos políticos y la ciudadanía a no permitir que esto ocurra.
Lejos de impulsar este proceso de reforma y adecuación institucional al Estado de Derecho, hoy, el Congreso de la República viene cediendo terreno ante la estrategia política desarrollada por la FFAA ante la falta de definición del Poder Ejecutivo, que lo único que busca es la recuperación de espacios de poder y el mantenimiento de un modelo de justicia militar inconstitucional.
Esta estrategia se evidencia, principalmente en cuatro aspectos:
Primero: a través de la aprobación de un dictamen sobre organización de la justicia militar en la Comisión de Defensa, en el que se distorsiona en gran parte la resolución del Tribunal Constitucional, al crear una sala suprema penal militar policial con mayoría castrense y con pliego presupuestal propio, pero se sigue manteniendo la estructura actual de la Justicia Militar en los niveles inferiores. Asimismo, por la imprecisión de la definición sobre delito de función contenido en dicho proyecto ley, que abre la posibilidad que la justicia militar vuelva a procesar a militares por violaciones contra los DDHH y dejarlos impunes.
Segundo: por medio de otro proyecto de ley de la Comisión de Defensa se propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que éste elabore el nuevo código de justicia militar en el que se contemplen los nuevos delitos de función, siendo esta responsabilidad del Poder Legislativo.
Tercero: esta situación se agudiza por el hecho de que la Justicia Militar está abocada a iniciar procesos judiciales paralelos a militares acusados de violaciones contra los DDHH, en un evidente intento por sustraerlos de la justicia ordinaria.
Cuarto: a ello se suma, la actitud del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, al incumplir las decisiones del Poder Judicial para la entrega de información y la ejecución de las órdenes de detención dictadas en los procesos judiciales por violaciones contra DDHH en los que se encuentran comprendidos miembros de la FFAA y de la PNP.
Si esta estrategia se consolida corremos el grave riesgo, no sólo de sepultar el proceso de reforma institucional de la justicia, sino que se vuelvan a repetir los nefastos hechos de nuestro pasado reciente y se consagre la impunidad.
Por ello, demandamos al Congreso de la República, responsable político del proceso de reforma de justicia militar y al Poder Ejecutivo tomar las acciones del caso y no sepultar con su actitud el mismo. Asimismo exhortamos a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, partidos políticos y la ciudadanía a no permitir que esto ocurra.
Lima, 14/09/2005
CNDDHH