Comunicados 2005

 

 

Ante los graves hechos que se están agudizando entre la población campesina, la empresa minera Majaz y las fuerzas policiales en la zona de Huancabamba, región Piura, la RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS se dirigen a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

 

Lamentamos la muerte del ciudadano Amado Velasco, los heridos y la detención de 32 personas, entre ellos Mario Tabra Guerrero y Elizabeth Cunya, presidente y vicepresidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente y la Vida de Ayabaca y Julio Vásquez, corresponsal de Radio Cutivalú. Preocupa que hayan transcurrido más de 24 horas desde la detención de los ciudadanos y el Ministerio del Interior no brinde información clara sobre sus paraderos impidiendo que accedan a la defensa legal.

 

Señalamos que la comisión de diálogo formada el 27 de julio no logró su cometido, debido a que el Estado no facilitó condiciones mínimas para que pueda darse una comunicación directa con los campesinos y se restableciera la paz y la confianza en la zona. Denunciamos que el Estado ha priorizado el uso de la fuerza antes que un diálogo sincero y respetuoso entre las partes, tal como se había acordado al inicio. Insistimos en recordar que la primera obligación del Estado peruano es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.

 

Valoramos los esfuerzos de Monseñor Daniel Turley, obispo de Chulucanas, que continua en la búsqueda de lograr un encuentro pacífico entre las partes y rechazamos los injustos agravios que viene sufriendo de parte de algunos medios de comunicación.

 

Hay que tomar en cuenta que el proyecto minero Majaz está ubicado en las cumbres altoandinas de Ayavaca y Huancabamba donde nacen las aguas de los ríos Quiroz que abastece al valle del Chira, Piura, y el río Blanco que da origen al río Canchis y Chinchipe, afluentes del Marañon y Amazonas. Pretender llevar a cabo actividades mineras en la zona sin contar con una licencia social por parte de la población implicará que el conflicto continúe.

 

Consideramos necesaria una decisión política que establezca un real espacio de diálogo con la participación activa de los legítimos representantes de las comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, gobierno regional, gobierno central, empresa minera y otros actores económicos locales para una concertación transparente sobre las prioridades para el desarrollo local y regional, que tome en cuenta las demandas de la población y sus respectivos puntos de vista.

 

Hacemos votos para que el diálogo que se inicia logre una solución justa que evite más violencia y nuevas situaciones fatales que lamentar.

03 de agosto 2005

RED MUQUI
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS